ARGENTINA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Diputados da media sanción al Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley del Presupuesto 2026 por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. Para esto el oficialismo contó con apoyo del interbloque PRO-UCR y los gobernadores peronistas alineados con la Casa Rosada: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Marcelo Orrego (San Juan).

Sin embargo, en la votación en particular el capítulo XI fue rechazado por 117 votos a favor, 123 en contra y 2 abstenciones, en lo que se considera un triunfo de la oposición. En este capítulo se encontraba el artículo 75, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario votadas este año por el Congreso, vetadas posteriormente por el presidente Javier Milei e insistidas por ambas cámaras por dos tercios de los votos.

El proyecto de Presupuesto 2026 contempla gastos totales por 148 billones de pesos (aproximadamente 100 mil millones de dólares), un superávit primario (la diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado) equivalente al 1,2% del PIB y un superávit financiero (el superávit primario menos el pago de intereses de la deuda) del 0,3% del PIB. Además, el Ejecutivo prevé una inflación del 10,1% y un aumento del PIB del 5% para todo 2026.

El presupuesto ya pasó a Cámara de Senadores quien aprobó el dictamen sin modificaciones. Algunos rumores aseguran que de aprobarse, el presidente Javier Milei vetará su propio proyecto ya que no le daría el margen suficiente para su programa.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA – SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | Masiva movilización contra la Reforma Laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) y las otras centrales sindicales marcharon a la Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral que impulsa Javier Milei. La movilización se produce en simultáneo con el debate de la iniciativa en comisión en el Senado y tras la media sanción en Diputados del Presupuesto 2026, con el cual el gobierno profundiza las medidas de ajuste.

El dirigente del sindicato del Vidrio y miembro del triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo, destacó la jornada de lucha de los trabajadores de este jueves, que alzaron la voz en todo el país para rechazar la reforma laboral impulsada por el gobierno libertario.  “Entendemos que estamos ante un momento muy sensible de nuestro país. Y la verdad es que estábamos convencidos de que iba a ser una marcha multitudinaria a lo largo y ancho del país”, afirmó.

El gobierno decidió postergar el tratamiento de la reforma laboral hasta el 10 de febrero. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, explicó que se acordó firmar un dictamen abierto a modificaciones, con el objetivo de sumar apoyos antes de llevar el proyecto al recinto.

BOLIVIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Paz firma mega decreto económico y profundiza su plan de ajuste estructural

El presidente Rodrigo Paz firmó el mega Decreto Supremo 5503, una medida económica cuyo eje central es la eliminación del subsidio a los hidrocarburos. Para mitigar el impacto del denominado «gasolinazo», el paquete incluye un incremento del salario mínimo en un 20%, el refuerzo de diversos bonos sociales y medidas de austeridad estatal. También se establecen nuevas disposiciones en materia de desregulación del comercio exterior e incentivo a las inversiones extranjeras. Según el gobierno, esta decisión busca estabilizar las finanzas públicas tras la denuncia sobre un supuesto daño económico de dos mil 595 millones de dólares en empresas estatales durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce.

La respuesta de los sectores sociales ha sido inmediata y beligerante. La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado de emergencia, advirtiendo que «si debe correr sangre, correrá» para revertir la medida. Paralelamente, organizaciones en El Alto han determinado iniciar movilizaciones contra las medidas, mientras que el sector del transporte también llamó a consultas internas. Aunque los sectores productivos han solicitado equilibrio y diálogo, la tensión en las calles ha escalado rápidamente ante el temor de una inflación descontrolada por el costo de vida.

En el ámbito político, el rechazo ha tenido varios protagonistas. La mayoría de las bancadas del Legislativo han manifestado su oposición al decreto, y la Alianza Popular (ALP) anunció la presentación de un proyecto de ley para derogar el decreto en cuestión. A este clima de confrontación se suma la ruptura oficial de Edmand Lara con el Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien no sólo rechazó las medidas económicas clasificándolas de «equívocas«, sino que denunció que el presidente está endeudando al país mediante «negociados».

Pese a la ola de críticas, Rodrigo Paz ha encontrado aliados clave dentro de las fuerzas de la derecha. Figuras como Luis Fernando Camacho y Samuel Doria Medina respaldaron el paquete de reformas, calificándolas de «difíciles pero necesarias e imprescindibles». En el plano internacional, Estados Unidos manifestó su respaldo al programa de reformas económicas de Paz y ofreció apoyo técnico y financiero a Bolivia, otorgando un espaldarazo diplomático vital para la supervivencia del plan de gobierno frente al cerco interno. En este marco, queda por ver si las medidas podrán ser efectivamente concretadas.

BRASIL

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Veto presidencial a Ley de Amnistía

Brasil atraviesa una etapa de intensa conflictividad política y jurídica entre los poderes del Estado, con la reducción de penas por el intento de golpe de Estado de 2023 y la reafirmación de derechos fundamentales ante presiones legislativas como los principales ejes de debate en los últimos días. Esta dinámica se da en un contexto preelectoral crucial, con vistas a las elecciones presidenciales de 2026, donde las tensiones institucionales influyen directamente en la agenda política nacional

Uno de los hechos más relevantes fue la aprobación en el Senado de Brasil de un proyecto de ley que busca reducir la condena de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por su participación en el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Con 48 votos a favor y 25 en contra, la Cámara Alta dio luz verde a una iniciativa que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y que ahora será enviada al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para su sanción o veto. El proyecto modifica el cálculo de las penas que se aplican a quienes participaron en los hechos de enero de 2023, posibilitando que Bolsonaro y otros condenados por delitos relacionados vean sustancialmente reducida su pena, hasta el punto de que la estancia efectiva en régimen cerrado podría quedar reducida a poco más de dos años de cárcel si la ley se aprobara tal como está formulada.

La propuesta, promovida principalmente por el bloque conservador del Congreso y con apoyos dentro de la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), modifica la dosimetría de las penas al evitar la acumulación de castigos por distintos delitos derivados de un mismo episodio, lo que tiende a reducir el tiempo de prisión efectivo. Se trata de una iniciativa que ha suscitado profunda polarización política y social, pues si bien para sus promotores constituye una corrección técnica del sistema penal, para críticos y otra parte de la sociedad representa un intento de debilitar la respuesta institucional frente a crímenes contra la democracia.

En reacción a esta votación, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció públicamente que vetará la ley si llega a su escritorio, argumentando que quienes intentaron destruir la democracia deben cumplir sus condenas completas. Lula enfatizó su derecho constitucional al veto y advirtió que el proceso podría finalizar en la Suprema Corte, tanto si se promulga la ley como si el Congreso intenta sobrepasar su eventual veto. La oposición del Ejecutivo refleja no solo diferencias de interpretación sobre el sentido de la pena, sino una disputa más amplia sobre los límites de la responsabilidad penal en actos que implican ataques al orden constitucional.

En paralelo, las tensiones derivadas de este debate provocaron protestas ciudadanas en diversas ciudades brasileñas, donde miles de personas salieron a manifestarse contra la llamada “suavización” de las penas de Bolsonaro y sus aliados por los hechos de enero de 2023. Las movilizaciones, con una participación significativa de sectores civiles, organizaciones políticas y artísticas, expresaron rechazo a cualquier intento de atenuar la respuesta judicial frente al intento de golpe de Estado.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | STF sanciona derechos territoriales indígenas

El Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmó la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas frente a iniciativas legislativas que buscaban recortarlos. El máximo tribunal brasileño, mediante una mayoría de sus magistrados, declaró que estos derechos constituyen cláusulas arraigadas de la Constitución, lo que impide su desposesión por parte del Congreso. La decisión, considerada por numerosos analistas como un choque entre el Poder Judicial y el Legislativo, se produce en un contexto de creciente presión de sectores parlamentarios por limitar reclamos territoriales indígenas, especialmente en el marco de disputas sobre el uso de tierras en Amazonia y otras regiones.

Este fallo del STF no solo reafirma la vigencia de los derechos territoriales consagrados en la Carta Magna de 1988, sino que también acentúa una serie de conflictos entre poderes del Estado sobre temas fundamentales como la protección de minorías y la interpretación de la ley frente a iniciativas con fuerte respaldo político en el Legislativo. Dichos enfrentamientos se dan en momentos en que la política brasileña se encuentra altamente polarizada, con debates que atraviesan tanto el temperamento de las instituciones como la construcción de narrativas electorales de cara a 2026.

CHILE

ELECCIONES | José Kast es el nuevo presidente de Chile

El candidato al ballotage por el Partido Republicano José Kast se impuso en la jornada celebrada el domingo 14 de diciembre, consagrándose electo Presidente Constitucional de Chile. El candidato derechista obtuvo un aplastante triunfo con el 58% de los votos, frente a su competidora Jeannette Jara, perteneciente al Partido Comunista, quien obtuvo el 41,84%. El presidente electo agradeció a Dios y exmandatarios por el triunfo, asegurando que si bien los cambios comenzarán pronto se necesita paciencia y constancia para ver los resultados. En su discurso frente a simpatizantes en la capital Santiago insistió en que una de sus prioridades será la seguridad, declarando que Chile volverá a ser libre del crimen.

La candidata de izquierda Jara rápidamente reconoció la derrota en su cuenta de X deseándole éxito en su mandato. Por su parte, el presidente Boric, difundió en la cuenta oficial de X de la Presidencia un video de la comunicación telefónica que mantuvo con Kast, en la que lo felicitó por su victoria y lo invitó al Palacio de La Moneda para comenzar la transición ordenada del mandato.

Si bien podemos observar un marcado giro político hacia la derecha, este claro triunfo se encuentra marcado no solamente por la sumatoria de las distintas fuerzas de conservadoras que apoyaron a Kast, sino por una agenda estructurada en el rechazo a la gestión de Boric en aspectos sensibles como la situación económica o la seguridad y especialmente el tema migratorio y de control fronterizo en la zona norte del país; además de una lógica de alternancia en el poder, sostenida en los últimos cinco procesos electorales.

COLOMBIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Condena de cárcel para exministros de Petro en el caso UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este 18 de diciembre la medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), implicados en el examen preliminar del caso por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue adoptada por la magistrada Aura Rosero Baquero, quien consideró que no se cumplían los requisitos legales para conceder prisión domiciliaria, solicitud que había presentado la Fiscalía, y determinó que la prisión preventiva era una medida “idónea, necesaria y proporcional” para asegurar el avance de la investigación y reducir riesgos procesales, entre ellos la posible rearticulación de estructuras de corrupción.

Según la Fiscalía General de la Nación, Bonilla y Velasco habrían liderado un entramado de direccionamiento contractual que comprometió grandes sumas de dinero público, tanto en la UNGRD como en el Instituto Nacional de Vías (Invías), con la supuesta finalidad de asegurar apoyos políticos a proyectos legislativos del gobierno de Gustavo Petro. En la acusación se mencionan delitos como concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, imputaciones que ambos exfuncionarios han negado y frente a las cuales han manifestado su intención de demostrar su inocencia durante el proceso judicial.

La resolución ha generado varias reacciones. Diferentes sectores y partidos políticos expresaron posiciones diversas tras la orden de cárcel, resaltando tanto la importancia de actuar contra posibles redes de corrupción como la defensa de la presunción de inocencia hasta que un fallo de fondo se profiera en una etapa judicial más avanzada. Algunos representantes han planteado cuestionamientos sobre el impacto político de la decisión y sus posibles efectos en el clima electoral de 2026, mientras que otros sectores respaldan las medidas judiciales como un acto de aplicación rigurosa de la ley.

El presidente Gustavo Petro también se refirió al caso, afirmando que no le corresponde calificar si los exministros “son o no corruptos”, ya que esa labor corresponde a jueces y fiscales, y describió a Bonilla como “ingenuo” al advertir sobre riesgos de extorsión, en declaraciones públicas que buscan distinguir entre responsabilidades políticas y judiciales. Al mismo tiempo, Petro cuestionó la vinculación de funcionarios con presuntas mafias, defendiendo la separación de funciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.

En paralelo, análisis jurídicos han señalado que, de avanzar la investigación y llegar a condenas, los exministros enfrentarían penas de prisión que podrían variar de acuerdo con la tipificación de los delitos imputados, aunque cualquier determinación final dependerá de un proceso judicial completo con derecho a defensa.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Reforma a la salud: bloqueo legislativo, respuestas administrativas y un debate que se proyecta hacia 2026

El debate sobre la reforma al sistema de salud en Colombia se intensificó hacia el cierre de 2025, marcado por el estancamiento legislativo del proyecto impulsado por el gobierno y por medidas administrativas orientadas a atender las dificultades del sector. En ese marco, el Ministerio de Salud expidió una resolución que da inicio a la construcción de un Plan Inmediato de Acción en Salud, concebido como una respuesta a problemas estructurales como el desabastecimiento de medicamentos, las fallas en la prestación del servicio y las tensiones financieras del sistema. La iniciativa, presentada como un primer paso en cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional, no fija aún plazos concretos para su implementación.

En el Congreso, la reforma a la salud fue archivada en la Comisión Séptima del Senado, lo que impidió su avance durante el periodo legislativo de 2025. Aunque el gobierno presentó una apelación para que el proyecto sea discutido en la plenaria del Senado, esta no pudo tramitarse antes del cierre de las sesiones, por lo que el futuro de la iniciativa quedó aplazado para 2026. Desde el oficialismo se cuestionó la decisión de los senadores que votaron por el archivo, mientras que sectores opositores argumentaron que la propuesta carecía de consensos políticos, claridad técnica y garantías financieras suficientes.

El Ejecutivo ha señalado que insistirá en la apelación como mecanismo para reabrir el debate en la próxima legislatura, aunque este escenario estará condicionado por el inicio de las campañas electorales de 2026, un factor que introduce incertidumbre sobre las prioridades del Congreso. Analistas sostienen que el sistema actual presenta fallas estructurales, especialmente en la situación financiera de las EPS y en la gestión de los recursos, y plantean a la reforma como una respuesta necesaria frente a un modelo considerado insuficiente para garantizar el derecho a la salud.

Las reacciones políticas también han vinculado el hundimiento del proyecto con el contexto electoral, la senadora Angélica Lozano atribuyó la caída de la reforma a la falta de acuerdos amplios y señaló que la crisis del sistema se refleja en el desabastecimiento de medicamentos y en el aumento del gasto de bolsillo de los pacientes, temas que, según afirmó, deberán ocupar un lugar central en la agenda legislativa del próximo periodo. De este modo, el cierre de 2025 deja un escenario en el que coexisten intentos de respuesta administrativa a la crisis sanitaria y un bloqueo político que posterga la definición de la reforma estructural para 2026.

DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Ataques armados en el Cauca reactivan la crisis de seguridad y abren la puerta a cambios en los mandos militares

Los ataques armados registrados el 16 de diciembre en el municipio de Buenos Aires, en el Cauca, por disidencias de las FARC causaron graves daños a infraestructura pública y privada, incluyendo la estación de Policía y sedes institucionales, y dejaron uniformados heridos, además de confinamiento de civiles y destrucción de viviendas. Las autoridades municipales solicitaron asistencia del gobierno nacional para atender la emergencia y la reconstrucción de bienes afectados, así como el reforzamiento de la presencia del Estado en el territorio.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los hechos afirmando que se habían dado órdenes previas para proteger la zona y anunciando que pedirá explicaciones a los mandos del Ejército en el norte del Cauca. Señaló que, de comprobarse incompetencia en el cumplimiento de esas directrices, se procederá a cambios en los mandos militares, abriendo un interrogante sobre la efectividad de la respuesta de la fuerza pública. Petro reafirmó que su gobierno no entablará negociaciones con grupos armados que atacan a la población civil y destacó la necesidad de fortalecer las operaciones estatales frente a estructuras vinculadas al narcotráfico.

Además, se ha difundido material en el que se observa la posible participación de menores de edad en las acciones violentas, un elemento que intensifica la preocupación por el impacto humanitario del conflicto y plantea la dimensión del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.

ECUADOR 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Noboa militariza la política de seguridad con apoyo de Estados Unidos

El gobierno de Daniel Noboa formalizó una nueva etapa en las relaciones bilaterales con Estados Unidos al anunciar una operación conjunta de “apoyo temporal” en la ciudad costera de Manta. Este despliegue involucra directamente a personal de la Fuerza Aérea de ese país, quienes se han instalado en la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en dicha ciudad. El objetivo principal de esta presencia militar extranjera según el gobierno es reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas locales en la interceptación y combate a las estructuras del narcotráfico que operan en el Pacífico ecuatoriano.

Esta decisión política representa una escalada en la actividad militar en territorio del país andino, sustentada en acuerdos bilaterales previos que permitirían este tipo de asistencias técnicas y operativas. El presidente Noboa ha defendido esta medida como una herramienta necesaria para enfrentar el poder del crimen organizado, resaltando que la operación en la base de la FAE en Manta es de carácter estratégico y temporal. Vale advertir que este despliegue sucede al mismo tiempo en que los Estados Unidos posiciona a buena parte de su Armado en el Caribe, protagonizando una reciente escalada contra Venezuela.

La decisión de Noboa se concreta un mes después del rechazo generalizado por parte de la ciudadanía respecto de profundizar la militarización de las políticas de seguridad y combate contra el narcotráfico. Así quedó plasmado cuando más del 60% del electorado rechazó la instalación de bases militares extranjeras en el país, en el marco de la Consulta Popular celebrada el pasado 16 de noviembre.

Este movimiento refuerza la alineación geopolítica del actual gobierno con Washington en materia de defensa. Al permitir que la Fuerza Aérea estadounidense opere nuevamente desde una base estratégica en la costa, el Ejecutivo ecuatoriano pasa por encima la voluntad popular y pone en crisis el alcance de la soberanía nacional. En este marco, se teme una nueva escalada autoritaria por parte del presidente, en un contexto de mayor debilidad política luego de la derrota de noviembre.

PARAGUAY

DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA – RELACIONES EXTERIORES | Peña firma tutela militar estadounidense: avanza la Doctrina Monroe 2.0 en el Cono Sur

Durante el último año, Estados Unidos incrementó de manera sostenida su presencia militar en América Latina y el Caribe, en el marco de una estrategia explícita de remilitarización continental. Esta orientación, definida por analistas como un “corolario Trump de la Doctrina Monroe”, quedó plasmada sin ambigüedades en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, que plantea la necesidad de reafirmar la preeminencia de Washington en el hemisferio occidental. En ese contexto, Paraguay se convirtió en uno de los casos más sensibles y alarmantes.

El 15 de diciembre de 2025, el gobierno paraguayo firmó en Washington un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) con Estados Unidos, rubricado por el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller Rubén Ramírez Lezcano. El convenio fue aprobado sin pasar por el Congreso paraguayo y habilita el despliegue de tropas estadounidenses en el país bajo el argumento de combatir el terrorismo transnacional y el narcotráfico. El acuerdo establece, además, un régimen amplio de inmunidades para el personal militar, civil y contratistas estadounidenses, equiparable al del personal diplomático.

El contenido del acuerdo revela una cesión profunda de soberanía. Estados Unidos obtiene jurisdicción penal sobre su personal en territorio paraguayo, exenciones impositivas y aduaneras totales, libertad de movimiento por aire, tierra y ríos, operación autónoma de sistemas de telecomunicaciones, incluido el uso gratuito del espectro radioeléctrico, y la posibilidad de contratar bienes y servicios bajo legislación estadounidense. Las instituciones paraguayas quedan, en los hechos, impedidas de intervenir en operaciones de seguridad ejecutadas por fuerzas o contratistas norteamericanos.

Este tratado consolida una relación de dependencia estructural, convirtiendo al país en un actor funcional dentro de la nueva arquitectura de seguridad de Estados Unidos. Los intereses estratégicos involucrados exceden largamente la retórica antinarcóticos: el control de la hidrovía Paraguay-Paraná, la Triple Frontera y los excedentes energéticos de Itaipú,energía limpia y estratégica proyectada para la próxima década aparecen como ejes centrales.

PERÚ

RELACIONES EXTERIORES – DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | EE.UU. quiere que Perú sea considerado aliado principal extra OTAN

El presidente Donald Trump busca que Perú se convierta en un aliado principal extra OTAN para Estados Unidos, en medio de la agenda de Washington de supuestos operativos antinarcóticos, que se han enfocado principalmente en el Caribe venezolano y el Pacífico ecuatoriano. El canciller peruano, Hugo de Zela, calificó las expresiones del mandatario estadounidense como una «decisión política de significativa relevancia«.

Si Perú fuera designado como principal aliado extra-OTAN, se agilizaría la entrega de licencias para tecnología satelital y los esfuerzos «antiterroristas» entre los dos países. De hecho, en las últimas semanas, el gobierno del presidente interino de Perú, José Jerí, se reunió con delegados del FBI para elaborar un nuevo plan de seguridad. En ese encuentro se habló sobre la situación en las fronteras peruanas, especialmente con Ecuador.

En dicho marco, Jeri y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lideraron un Gabinete Binacional donde resaltaron la urgencia de combatir la delincuencia transnacional y la minería ilegal. Tal y como sucedió en Ecuador en este mes, el Congreso peruano aprobó el ingreso de soldados estadounidenses armados a su territorio para operaciones conjuntas de entrenamiento en 2026. En suma, este encuentro subrayó la prioridad que ambos mandatarios otorgan al alineamiento con la administración Trump, consolidando un posicionamiento clave en la región andina.

No obstante, la estabilidad política del presidente Jeri se ha visto comprometida por un conflicto interno en su partido, Somos Perú. El vocero oficial de la agrupación ha lanzado graves acusaciones contra el mandatario, señalando que Jeri estaría «pagando favores» a bancadas de oposición como el fujimorismo, Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular. Esta ruptura sugiere un aislamiento del presidente respecto a sus propias bases partidarias. Queda la pregunta sobre si estos enfrentamientos podrían poner en duda la continuidad del gobierno y la agenda de relaciones exteriores impulsada por Jeri.

VENEZUELA

RELACIONES EXTERIORES |  Venezuela se posiciona frente al bloqueo de Trump y PDVSA continúa con sus operaciones

La República Bolivariana de Venezuela ha rechazado enérgicamente el bloqueo marítimo decretado por el presidente Donald Trump el martes 16 de diciembre a través de una publicación en su cuenta social Truth, en donde se adjudicó la posesión de los recursos naturales venezolanos exigiendo la devolución del todo el petróleo, las tierras y otros activos que según el mandatario estadounidense fueron robaron por Venezuela, todo esto después de calificar al gobierno de Venezuela como organización terrorista extranjera.

La respuesta venezolana de rechazo se manifestó de diversas maneras. Por un lado, en un comunicado oficial, Venezuela denuncia que esta acción viola el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad. Las intenciones estadounidenses de ser los propietarios de los recursos naturales venezolanos constituyen una seria amenaza a la soberanía nacional. En esta línea Samuel Moncada, representante de Venezuela ante la ONU, denunció ante este organismo multilateral las pretensiones de dominación por parte de los Estados Unidos y la clara violación de la carta de las Naciones Unidas así como las jurisprudencias de las cortes internacionales y la Convención del Derecho del Mar. El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá el asunto del bloqueo el martes 23 de diciembre.  Por su parte, la Asamblea Nacional de manera unánime aprobó, el 17 de diciembre, el repudio a las grotescas amenazas de Donald Trump, por constituir una inaceptable violación del derecho internacional y una pretensión colonialista contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

Sin embargo, pese al bloqueo impuesto unilateralmente como parte de la presión ejercida contra el país, la vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, informó que la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) continúa las operaciones de producción y exportación de crudo venezolano y sus derivados. Rodríguez difundió en Telegram un comunicado oficial de la gerencia operativa de la empresa en donde se notifica que las operaciones se desarrollan de manera normal.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Medidas de Estados Unidos dividen a sectores opositores

Los sectores políticos opositores se encuentran en una disputa por el liderazgo entre los dirigentes moderados que entienden la salida democrática como la vía posible para el cambio de gobierno y los sectores extremistas que ven esto como una claudicación frente al chavismo. Las medidas de agresión y amenaza por parte de Estados Unidos se suman a estas divisiones entre sectores democráticos y antidemocráticos.

Entre los últimos se encuentra María Corina Machado, quien ha mantenido una intransigencia beligerante frente al gobierno de Nicolás Maduro. La galardonada premio Nobel de la Paz ha apoyado todo ataque contra Venezuela e incluso recientemente ha declarado apoyar las medidas de bloqueo por parte de Trump a su país.

Entre los primeros podemos encontrar los partidos participantes de los numerosos procesos electorales como Acción democrática y Copei, así como dirigentes destacados como Henrique Capriles Radonsky, hoy diputado nacional.

En esta línea, la Red Decide –movimiento político fundado por dirigentes moderados como Henrique Capriles, Henri Falcón, Tomás Guanipa y Jesús Torrealba, entre otros– difundió un comunicado el jueves 18 de diciembre rechazando el bloqueo de Trump, alertando sobre el impacto que esta medida podría tener en la vida cotidiana de la población. Este sector entiende que estas acciones podrían agravar la escasez de alimentos y medicinas, profundizar el hambre y provocar un nuevo ciclo de inflación que reduzca aún más el poder adquisitivo de las familias. Así mismo, exhortan al sector extremista a revisar la estrategia de máxima presión y quiebre del sistema implementada desde el 2002, la cual consideran un fracaso que no solamente afecta a la población sino que fortalece al régimen al cual quieren derrotar. Así mismo, la Red pidió a Corina Machado abandonar la clandestinidad para retomar la lucha en las calles.