ARGENTINA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | Tenso cierre de listas para las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires

El cierre de listas en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas del 7 de septiembre estuvo marcado por tensas negociaciones y fuertes internas en las coaliciones que protagonizan la escena política bonaerense. El plazo venció oficialmente el 21 de julio, tras una prórroga motivada por cortes de luz durante las definiciones entre los principales referentes del peronismo y la presión de La Libertad Avanza para consolidar su armado electoral. El resultado dejó un escenario competitivo con dos grandes alianzas dominantes: Fuerza Patria, el flamante sello del peronismo bonaerense, y La Libertad Avanza-PRO, liderada por el oficialismo nacional, aunque también destacan Somos Buenos Aires (UCR, aliados e intendentes peronistas) y los frentes de izquierda.

Entre las principales listas se pueden mencionar que Fuerza Patria lleva como figuras centrales a Gabriel Katopodis encabezando la Primera Sección Electoral y Verónica Magario en la Tercera. Por su parte, La Libertad Avanza aglutina al PRO y ubicó como principales candidatos a Diego Valenzuela (Primera) y Natalia Blanco (Segunda), junto a una fuerte presencia de figuras nuevas y de peso en distintas regiones. La boleta de Somos Buenos Aires, autodefinida como alternativa a la polarización, apostó por intendentes de perfil dialoguista.

En Fuerza Patria, el proceso de cierre de listas expuso nuevamente las tensiones internas. La mesa de negociaciones se trabó durante largas horas debido a los intereses contrapuestos del sector de Axel Kicillof, La Cámpora de Máximo Kirchner y el Frente Renovador de Sergio Massa. El acuerdo final fue más una tregua que una integración armónica, y dejó cicatrices entre los distintos espacios y reclamos de intendentes, que consolidaron su incidencia en las nóminas legislativas. Se trató de una pulseada decisiva no sólo por las candidaturas, sino también por el control territorial de la provincia más importante del país.

Por el lado de La Libertad Avanza, el cierre también estuvo signado por una fuerte interna. Los cuestionamientos por el método verticalista para definir aspirantes y la absorción del PRO generaron tensiones en las bases bonaerenses, aunque desde la conducción se buscó dar una señal de orden. En ese contexto, Karina Milei, presidenta del partido y hermana del presidente, salió al cruce de las críticas internas con una postura tajante: “La lealtad no es una opción, es una condición”, recalcó, llamando a cerrar filas y dejando en claro que no hay margen para la disidencia en el espacio. Su mensaje fue inequívoco: “El verdadero enemigo está enfrente: el kirchnerismo”.

BOLIVIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | Continúan los enfrentamientos entre las fuerzas de izquierda a menos de un mes de las elecciones

El MAS convocó a una reunión de la izquierda para intentar acercar posiciones entre Andrónico Rodríguez, Eva Copa y delegados de Evo Morales. Sin embargo, los sectores evistas restaron valor al encuentro, condicionando cualquier posibilidad de unidad a la habilitación de Morales como candidato presidencial.

Por su parte, el presidente Luis Arce reiteró su llamado a la unidad de las fuerzas populares, advirtiendo que la división solo llevará a la derrota en las próximas elecciones generales. Sin embargo, el expresidente Evo Morales desestimó esta nueva convocatoria, calificando la propuesta como un intento de “tapar traiciones” y señalando que Arce ha contribuido a la “desaparición del MAS” durante su gestión.

Andrónico Rodríguez, por otro lado, sugirió que Arce debería “dedicarse a terminar su gestión” en lugar de intentar liderar acuerdos políticos, mientras que acusó a los evistas de promover el voto nulo “por simple capricho” y en beneficio de la derecha. Días después, un nuevo incidente se registró en el municipio paceño de Batallas, donde un grupo de pobladores irrumpió de forma violenta en la inauguración de una casa de campaña de Rodríguez al grito de “¡Evo no estás solo!” y “¡No vamos a permitirles aquí! No queremos traidores”.

En simultáneo, la semana estuvo marcada por la polémica en torno a una supuesta carta de renuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel. El propio TSE desmintió la versión, aclarando que Hassenteufel solo solicitó una licencia médica temporal y que las elecciones del 17 de agosto están plenamente garantizadas.

BRASIL

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Pablo Marçal acumula tercera condena y queda inhabilitado hasta 2032 por abusos en campaña electoral

El empresario e influencer Pablo Marçal fue declarado inelegible por tercera vez por la Justicia Electoral brasileña, que lo sancionó con ocho años de inhabilitación. La nueva condena, dictada por la Primera Zona Electoral de São Paulo, responde a dos acciones presentadas en conjunto por el Partido Socialista Brasileño (PSB), Guilherme Boulos (PSOL) y diversas federaciones partidarias que denunciaron irregularidades durante su campaña a la alcaldía de São Paulo. Según las acusaciones, Marçal promovió sorteos de dinero y productos —como gorras y premios de 200 reales brasileños— con el objetivo de incentivar la difusión de sus contenidos en redes sociales, además de utilizar a otros influencers para expandir su alcance digital.

El juez Antonio Maria Partino Zorz consideró que estos actos constituyen abuso de poder económico, uso indebido de medios de comunicación y manejo ilícito de recursos, todo prohibido en un contexto electoral. Las denuncias también señalan que Marçal difundió materiales que ponían en duda la legitimidad del sistema electoral y atacaban a otros candidatos. Tras la condena, el ex candidato declaró su inocencia y aseguró que apelará el fallo, reafirmando su compromiso con la legalidad y la transparencia. No obstante, si las tres sentencias en su contra son confirmadas por tribunales superiores, quedará legalmente impedido de postularse a cualquier cargo público hasta 2032.

Además de esta reciente condena, Marçal ya había sido declarado inelegible en febrero y abril de 2025 por otros delitos electorales. En el primer caso, fue sancionado por ofrecer apoyo político a candidatos a concejales a cambio de donaciones de cinco mil reales para su campaña. En el segundo, por pagar a terceros para producir y viralizar fragmentos de sus videos en internet, lo cual derivó no solo en otra condena de inhabilitación, sino también en una multa económica de 420 mil reales. Estos fallos consolidan un patrón de irregularidades que compromete seriamente su carrera política, marcada por el uso intensivo —y cuestionado— de las plataformas digitales como herramienta proselitista.

DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | General admite autoría de plan golpista que incluía asesinato de Lula, Alckmin y Alexandre de Moraes

El general retirado Mario Fernandes, exintegrante de la Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Jair Bolsonaro, confesó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) haber redactado un documento que proponía el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del ministro Alexandre de Moraes. Actualmente detenido desde noviembre de 2024, Fernandes integra el grupo de militares conocido como los “kids pretos”, alineado bajo el liderazgo del general Walter Braga Netto, señalado como una pieza clave en la intentona golpista del 8 de enero de 2023. Durante su declaración, el general afirmó que el archivo —titulado “Punhal Verde e Amarelo”— era un análisis personal que nunca fue compartido y que habría sido destruido tras su impresión.

Sin embargo, su testimonio generó dudas tras revelarse que se imprimieron tres copias del documento en una impresora del Palacio del Planalto, minutos antes de que Fernandes se dirigiera al Palacio de la Alvorada, residencia oficial del entonces presidente Bolsonaro. Ante estos indicios, el general intentó justificar la coincidencia responsabilizando a la configuración automática de la impresora por la cantidad de copias y calificando su desplazamiento posterior como una mera casualidad. La defensa del militar insiste en que el contenido del documento no fue presentado a ningún funcionario, aunque las circunstancias y los registros materiales contradicen esa versión y alimentan la hipótesis de un plan articulado en círculos del poder para impedir la continuidad institucional tras la derrota electoral de Bolsonaro.

El caso forma parte de la fase final del juicio contra los implicados en la tentativa de golpe de Estado del 8 de enero. Fernandes pertenece al “Núcleo 2” del proceso, que reúne a quienes habrían operado logísticamente en la planificación del golpe. Por su parte, el “Núcleo 1”, encabezado por el propio Bolsonaro y otros siete acusados, ya concluyó la etapa de interrogatorios y se encuentra en la fase de alegatos finales, con una sentencia prevista para septiembre. La Procuraduría General de la República ha dividido la acusación en cuatro bloques, y el avance simultáneo de estas causas pone en evidencia la profundidad y gravedad del intento de ruptura democrática por parte de sectores del bolsonarismo, incluidos altos mandos militares.

CHILE

DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Sicariato y crimen organizado en el asesinato del “Rey de Meiggs”

El asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, ha conmocionado al país por la intrincada trama de dinero, traición y crimen organizado que lo envuelve. Reyes Ossa, un reconocido comerciante de 43 años, fue acribillado a plena luz del día el pasado 19 de junio a la salida de su departamento en Ñuñoa. Desde el inicio, la investigación apuntó a un homicidio por encargo, y rápidamente surgieron vínculos con una millonaria deuda: Wilson Verdugo Díaz, empresario gastronómico y amigo cercano de la víctima, le debía al menos mil millones de pesos producto de préstamos informales durante la pandemia.

La evidencia fue clave: cámaras de seguridad muestran a Verdugo entregando un sobre con dinero en la conserjería del edificio de Reyes la mañana del crimen, y una llamada telefónica donde le avisaba sobre el encargo; minutos después, un grupo de sicarios venezolanos, contactados presuntamente a través de un intermediario ecuatoriano, perpetró el ataque. Tras semanas de indagación, la detención de Verdugo Díaz por personal del OS9 de Carabineros lo sindica como autor intelectual del homicidio, acusándosele de haber ofrecido hasta 30 millones de pesos por el asesinato. La fiscalía sostiene que el móvil fundamental fue la deuda impaga y la imposibilidad de afrontarla, aunque la familia de la víctima insiste en que Reyes era un comerciante, no un prestamista formal, y repudia la brutal traición de quien fuera considerado un amigo cercano.

En el caso hay otros tres implicados —los autores materiales— de nacionalidad venezolana, dos de ellos actualmente en prisión preventiva y uno prófugo tras haber sido liberado por error judicial. La justicia chilena mantiene a Wilson Verdugo en prisión preventiva por considerarlo un peligro para la sociedad y la investigación, en tanto la atención pública sigue atenta a los avances y posibles ramificaciones de un crimen que evidenció las peligrosas alianzas entre el mundo comercial y el crimen por encargo en el país.

COLOMBIA

RELACIONES EXTERIORES | Nuevo memorando de entendimiento con Venezuela crea una zona binacional

El 17 y 18 de julio de 2025, los gobiernos de Colombia y Venezuela firmaron un memorando de entendimiento que establece la Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional, una iniciativa que busca fomentar la cooperación transfronteriza en los departamentos del Norte de Santander (Colombia) y los estados venezolanos de Táchira y Zulia. El acuerdo contempla una vigencia de cinco años prorrogables, y prevé el diseño conjunto de planes en áreas como agroindustria, comercio, salud, educación, transporte y cultura. Según el texto divulgado por la Cancillería colombiana, la iniciativa no afecta la soberanía de ninguna de las partes y excluye cualquier presencia militar en territorio extranjero.

El presidente Gustavo Petro ha defendido públicamente el acuerdo y ha desmentido versiones que sugerían una cesión territorial o cooperación militar. “Ningún soldado colombiano pasará hacia Venezuela, ningún soldado venezolano hacia Colombia”, afirmó, aclarando que el objetivo es promover el desarrollo legal y económico en zonas fronterizas históricamente golpeadas por economías ilegales. Petro también mencionó que esta zona podría convertirse en una zona franca en el Catatumbo, como parte de su estrategia para restablecer el control estatal en esa región.

Desde Venezuela, tanto Nicolás Maduro como su vicepresidenta Delcy Rodríguez celebraron el acuerdo como un paso hacia la integración social y económica, subrayando su intención de dinamizar la economía fronteriza y mitigar los efectos de décadas de cierre y conflicto. También se confirmó que se están negociando los términos para la venta de Monómeros a Colombia, en un contexto de apertura de relaciones bilaterales que se intensifica desde el restablecimiento de la diplomacia formal.

Sin embargo, la firma del acuerdo ha desatado una ola de críticas desde distintos sectores políticos colombianos. Líderes de la oposición han denunciado falta de transparencia, ausencia de control democrático y posibles riesgos en materia de seguridad. Entre los argumentos, se mencionan preocupaciones por narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas y la consolidación de estructuras armadas en una zona crítica. También se cuestiona el diálogo con un régimen señalado por violaciones a los derechos humanos y falta de garantías institucionales.

Ante esta controversia, la Cámara de Representantes de Colombia citó a debate de control político a los ministros Álvaro Leyva (Relaciones Exteriores), Néstor Osuna (Justicia) y Germán Umaña (Comercio) para que den explicaciones detalladas sobre el alcance y la legalidad del memorando. Si bien la cooperación fronteriza es deseable y necesaria, el contexto político del gobierno venezolano obliga a establecer salvaguardas y controles más estrictos. También se ha señalado que el memorando no fue suficientemente socializado con la ciudadanía ni con los órganos de control, lo que ha contribuido a la percepción de opacidad.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Francia Márquez y Petro: de la fórmula presidencial a la fractura política

Francia Márquez ha profundizado su distanciamiento con el presidente Gustavo Petro tras una serie de declaraciones públicas, discursos y revelaciones que evidencian una ruptura con importantes consecuencias políticas. En un reciente discurso, la vicepresidenta selló esa separación al afirmar sentirse etiquetada como una “traidora” y desplegar una estrategia para rescatar su gestión, enfrentando acusaciones desde dentro del gobierno que la colocan como víctima de sabotaje y exclusión institucional. En varios actos públicos y foros, Márquez ha denunciado prácticas de racismo y patriarcado en la administración Petro, asegurando que no le ha sido permitido ejercer plenamente sus funciones, en particular durante su paso como ministra de Igualdad, con trabas, falta de recursos y control externo sobre su gestión.

Durante un consejo de ministros transmitido en vivo, Márquez lanzó críticas directas al mandatario, cuestionando la llegada de Armando Benedetti al gobierno y denunciando corrupción generalizada. La reacción de Petro fue severa, lo que agravó las tensiones internas. En ese contexto, ella fue removida del Ministerio de Igualdad y su protagonismo institucional fue relegado, mientras su silla apareció vacía durante la presentación del nuevo gabinete, símbolo del deterioro del vínculo político entre ambos.

En paralelo, Petro reveló que asumió una decisión institucional de ceder ante la presión de Márquez, al no nombrar a Juan Carlos Florián como viceministro de Diversidad, con el objetivo de preservar la unidad del gobierno, aunque admitió que actuó “con amargura” y sin acatar sus principios.

El episodio más complejo emergió con la difusión de audios atribuidos al excanciller Álvaro Leyva que implican a Márquez en un supuesto complot para derrocar a Petro y tomar el poder. Ante la presión política y mediática, la vicepresidenta negó cualquier vínculo con la conspiración, calificando las teorías como un ataque a la democracia y negando que disentir sea traicionar. A pesar de su rechazo, el presidente exigió explicaciones ante la justicia, profundizando aún más la crisis política.

En un discurso reciente pronunciado en Cali, durante el Día de la Mujer Afrodescendiente, Francia Márquez rompió su silencio tras semanas de mantenerse al margen. Afirmó que ejerció desde un ministerio diseñado sin estructura real y acusó a sectores del gobierno de promover pulsiones excluyentes basadas en su origen étnico: “se promovió la idea de que como soy negra, seguro robo”. Dejó claro que “ejercer la dignidad no es conspirar”, exhibiendo su percepción de racismo estructural y ausencia real de inclusión en la toma de decisiones.

Fuera del relato oficial también han surgido críticas públicas hacia Márquez desde su propio entorno político. Algunas voces la acusan de haberse victimizado y de no producir resultados concretos durante su gestión en el Ministerio de Igualdad, a pesar de contar con poder institucional significativo. El panorama político que emerge muestra una relación fracturada y una percepción creciente de que la fórmula ganadora del Pacto Histórico podría estar colapsando desde adentro.

ECUADOR 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Fusión de ministerios y despidos masivos en el sector público para cumplir con el FMI

El gobierno de Daniel Noboa anunció la reducción de 20 a 14 ministerios y de 9 a 3 secretarías de Estado. La medida, presentada como parte de un plan para mejorar la eficiencia administrativa, ha generado reacciones adversas de diversas organizaciones sociales y culturales. Entidades como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Coalición Nacional de Mujeres y el colectivo Yasunidos han expresado su rechazo, argumentando que la fusión de ministerios supone un retroceso en políticas de igualdad de género, cultura y protección ambiental.

En simultáneo, el Ejecutivo anunció la desvinculación de cinco mil servidores públicos. Uno de los argumentos centrales para esta decisión no fue sólo lograr la “eficiencia en la administración” sino despedir a funcionarios que, en palabras de la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, “estaban obstruyendo el desarrollo de las acciones de cada una de las carteras de Estado”.

Esta reestructuración se realiza en el marco de los objetivos planteados por Noboa para reducir el déficit estatal y cumplir con las metas del programa crediticio que su administración firmó el año pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por cinco mil millones de dólares.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Extradición y procesamiento de alias “Fito” en Estados Unidos

Alias “Fito”, líder de la organización criminal Los Choneros, llegó a Nueva York para responder ante la justicia de Estados Unidos por siete cargos federales relacionados con tráfico de drogas, armas y conspiración. Según la imputación, Los Choneros operaban una red transnacional en colaboración con el Cártel de Sinaloa, responsable del envío de toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos y otros destinos.

La extradición de Fito, ejecutada tras su recaptura luego de fugarse de una cárcel de máxima seguridad, podría resultar clave para las investigaciones estadounidenses sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa en la región. Las autoridades esperan que sus declaraciones revelen detalles sobre acuerdos internos entre capos y el respaldo que permitió a Los Choneros incrementar su poder en Ecuador y Sudamérica.

SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | Militarización y crimen organizado

En el marco del incremento de la militarización de la seguridad ciudadana, Ecuador registra 31 denuncias de desapariciones forzadas atribuidas a las Fuerzas Armadas desde el inicio del gobierno de Daniel Noboa. Este número supera los casos registrados en los tres años previos. Familiares de desaparecidos han llevado sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando que las medidas de control militar han derivado en un aumento del uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos humanos.

Por otro lado, la violencia ligada al narcotráfico se ha trasladado a las aulas. La Unión Nacional de Educadores (UNE) ha registrado 700 denuncias en menos de dos años por intimidación, amenazas, extorsión, violencia psicológica y secuestro contra maestros de escuelas públicas. El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado advierte que uno de cada diez menores ha sido cooptado por bandas criminales. Los testimonios recogidos muestran que la presencia de estudiantes vinculados a estas organizaciones genera temor entre profesores y alumnos, quienes normalizan la violencia y el consumo de drogas en los planteles educativos.

SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | La CONAIE tiene nuevo presidente para el período 2025-2028

Marlon Vargas asumió la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) para el período 2025-2028, tras vencer por estrecho margen a Leonidas Iza. La CONAIE es la organización social más grande y con mayor capacidad de movilización del país.

Vargas ha expresado su intención de priorizar la unidad interna de la organización y abrir canales de diálogo con el gobierno de Noboa, aunque ha declarado que las conversaciones deben darse en un marco de respeto y sin imposiciones externas. Sin embargo, sus primeras acciones han generado divisiones, como la reunión que mantuvo con los asambleístas expulsados de Pachakutik, brazo político-electoral de la CONAIE, que votaron sistemáticamente con el oficialismo desde la reelección de Noboa.

El ministro de Gobierno, José De La Gasca, valoró positivamente la llegada de Vargas al liderazgo indígena, considerándolo un giro político frente a la línea “ideológica” de Iza.

PARAGUAY

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Peña y Lula avanzan en la comercialización del excedente energético paraguayo

Paraguay logró un nuevo avance en su política de aprovechamiento del excedente energético con la reciente habilitación de Eletrobras para importar energía paraguaya. La decisión, oficializada por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil, permite que esta empresa opere bajo condiciones contractuales, técnicas y regulatorias específicas, como presentar contratos, reportar operaciones y someterse a fiscalizaciones.

Desde la perspectiva paraguaya, se trata de una oportunidad estratégica para comercializar de forma directa el excedente de generación hidroeléctrica, estimado en alrededor de tres mil 760 megavatios. Paraguay produce aproximadamente ocho mil 760 MW, pero consume solo cinco mil MW en promedio, por lo que busca colocar ese sobrante en mercados vecinos como Brasil y Argentina, más allá de los esquemas vigentes con Itaipú y Yacyretá.

La administración de Santiago Peña ha señalado en reiteradas ocasiones su interés en optimizar la venta de esta energía según la demanda del mercado, con el objetivo de aumentar los ingresos del país y reforzar la soberanía comercial sobre uno de sus principales activos. En ese marco, ya hay seis empresas habilitadas para importar energía paraguaya.

El suministro deberá realizarse desde una subestación de Itaipú, de forma continua e ininterrumpida, y será considerado parte de la planificación energética brasileña. El límite para estas importaciones fue establecido en 120 megavatios mensuales en promedio. Además, otras 28 comercializadoras brasileñas fueron autorizadas para competir en la adquisición de energía paraguaya.

PERÚ

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Dina Boluarte: sombras y respiros en su situación legal 

La presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva investigación fiscal por un presunto aporte irregular de 150 mil soles por parte del empresario Eduvigis Beltrán a su campaña. Aún la Fiscalía no determinó si Dina Boluarte recibió el aporte directamente o fue a través de un intermediario. El empresario ha negado haber entregado dicha suma de dinero a la campaña de Boluarte. Sin embargo, ahora también enfrenta una investigación fiscal.

A diferencia de otras denuncias, esta investigación no requiere el visto bueno del Congreso, ya que Boluarte no está siendo indagada como “aforada”. Los hechos atribuidos ocurrieron antes de que asumiera la presidencia de la República, por lo que, en este caso, no podrá ser blindada.

Sin embargo, Boluarte logró un respiro legal en el Congreso ya que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó las denuncias por homicidio y lesiones durante las protestas de 2022-2023, al considerar que no había pruebas suficientes. Su abogado celebró la decisión, pero familiares de las víctimas llegaron a Lima para exigir justicia, acusando a Boluarte de ser responsable político de las muertes.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Crisis en el sector minero: contradicciones del gobierno y presión de la informalidad

El gobierno de Dina Boluarte retrocedió en su decisión de excluir a más de 50 mil mineros informales del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), anunciando un «subgrupo de revisión», lo que generó críticas por un posible favorecimiento a la ilegalidad en el sector.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, enfrenta un escándalo público tras revelarse chats previos a su nombramiento donde se oponía a eliminar el REINFO, contradiciendo su postura oficial actual. Esta situación puso en entredicho al gobierno ya que expresa una de las posibles claves para entender las contradicciones que el Ejecutivo ha mostrado en estos meses en la materia.

En este marco, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú) condicionó la continuidad del diálogo iniciado esta semana con el Ejecutivo sobre la formalización minera a que se dejen de hacer interdicciones, las intervenciones que hace el Estado para luchar contra la minería ilegal.

URUGUAY

RELACIONES EXTERIORES | Reactivan servicios consulares tras un año de cese en la República Oriental

El 25 de julio de 2025, Venezuela reanudó oficialmente su atención consular en Uruguay con una primera jornada de entrega de pasaportes, luego de un año de inactividad. El cierre de la sede había sido resultado de la decisión del presidente Nicolás Maduro de retirar al personal diplomático de siete países, incluido Uruguay, por considerarlos “injerencistas”.

La reapertura responde a un trabajo conjunto entre ambas carteras ministeriales para restablecer un mecanismo consular, sin reactivar aún las relaciones diplomáticas formales, el canciller uruguayo destacó que lo consular y las relaciones diplomáticas «van por dos caminos diferentes». El objetivo principal es ofrecer atención a las comunidades residentes en ambos países. Además, la coordinación fue clave para facilitar la liberación de Fabián Buglione, ciudadano uruguayo detenido en Venezuela.

Por parte de Uruguay, la atención consular en Caracas se restableció a mediados de junio. Según Cancillería, los servicios se irán restableciendo de forma paulatina, con el foco puesto en la atención ciudadana.