ARGENTINA

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Tensiones con el FMI, críticas de Cristina Fernández y controversias en The Washington Post

El jueves 27 de marzo, el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, generó expectativas al anunciar un posible acuerdo con el FMI por 20 mil millones de dólares, con el objetivo de fortalecer las reservas internacionales de Argentina y estabilizar el mercado cambiario. El presidente Javier Milei respaldó públicamente a Caputo, afirmando que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, había dado su aprobación para revelar el monto.

Sin embargo, la euforia del gobierno se vio rápidamente atenuada por una declaración del FMI, que desmintió las afirmaciones de un acuerdo inminente y un monto específico. La portavoz del FMI, Julie Kozack, aclaró que las discusiones estaban en curso e incluían conversaciones sobre un «considerable paquete de financiación», sin confirmar la cifra de 20 mil millones de dólares.

Este desmentido generó tensiones en la Casa Rosada, donde se insistía en la veracidad de la información proporcionada por Caputo. El incidente puso de manifiesto las dificultades del gobierno para gestionar las expectativas y la comunicación en relación con las negociaciones con el FMI, en un contexto económico ya de por sí desafiante.

En paralelo, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó fuertes críticas contra la gestión de Milei, acusándolo de «desgobierno». Sus declaraciones se suman a las crecientes voces de oposición que cuestionan las políticas económicas implementadas por el gobierno y su impacto en la sociedad argentina.

La situación se complica aún más con la atención mediática internacional. Las controversias en torno a las políticas económicas de Milei y las tensiones con el FMI han sido objeto de cobertura en medios como The Washington Post, lo que aumenta la presión sobre el gobierno para lograr resultados tangibles y recuperar la confianza de los mercados y la opinión pública.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Multitudinaria marcha a 49 años de la última dictadura cívico militar

En el marco del 49º aniversario del golpe de Estado en Argentina, diversos organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones marcharon masivamente a la Plaza de Mayo y otros puntos del país. La manifestación tuvo como objetivo principal alzar la voz contra el negacionismo y denunciar las políticas de recorte de libertades democráticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Se anticipó que la marcha superaría récords de asistencia, reflejando la expectativa de diversos sectores de la población que anhelaban una convocatoria unificada.

La jornada del 24 de marzo estuvo marcada por la controversia tras la difusión de un video institucional por parte del gobierno de Javier Milei. Al igual que el año anterior, el gobierno promovió una visión negacionista del terrorismo de Estado, esta vez con la participación del escritor de ultraderecha Agustín Laje. El video, criticado por su contenido provocador, insiste en la idea de una «memoria completa», cuestiona el número de 30 mil desaparecidos y ataca a los organismos de derechos humanos.

BOLIVIA

BIENES COMUNES | La conflictividad socioambiental no cesa en Bolivia

Bolivia ha estado fuertemente impactada por una doble crisis que combina escasez de combustible e inundaciones severas, afectando la producción agrícola y ganadera. El 22% del área productiva del país ha sido dañada por el exceso de lluvias, mientras que la persistente falta de diésel limita las tareas agrícolas y de transporte. Los productores del oriente boliviano han advertido que, si no se restablece el suministro de combustible, las consecuencias económicas se agravarán considerablemente.

Esta situación se enmarca en una situación crítica más amplia: más de 4.500 comunidades en el país están sufriendo el golpe del agua, que arrasó cultivos y provocó la pérdida de alimentos de subsistencia, en particular en regiones rurales. Familias campesinas han reportado la pérdida total de sus parcelas, lo que compromete su seguridad alimentaria. El fenómeno ha golpeado especialmente a poblaciones indígenas y comunidades en zonas vulnerables.

A este escenario se suma un nuevo foco de conflicto urbano: la Federación de Panificadores anunció un paro de 48 horas debido a la falta de harina, lo que podría afectar el suministro de pan en varias ciudades del país. EMAPA, la empresa estatal que distribuye harina subvencionada convocó a un diálogo para evitar el paro, sin resultados confirmados al cierre de la presente publicación.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Escenario electoral

El senador Andrónico Rodríguez, cada vez más distanciado del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), continúa fortaleciendo su campaña presidencial con una presencia territorial creciente. En Cochabamba, su equipo ha instalado casas de campaña y gigantografías, consolidando una estrategia paralela a la de Evo Morales. Rodríguez apuesta por una base de apoyo renovada, centrada en sectores juveniles y urbanos, tratando de marcar así su independencia política dentro del oficialismo.

Este avance también se refleja en las encuestas. Un estudio de opinión realizado por la encuestadora Captura Consulting sitúa a Rodríguez como el líder en intención de voto, con un 18%, superando a otras figuras del oficialismo y la oposición. Aun así, el segmento de indecisos sigue siendo alto, ocupando el cuarto lugar en las preferencias, lo que revela que el escenario electoral aún está abierto.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Los empresarios no quieren aumento salarial

La confederación de empresarios privados alertó que no existen condiciones para un incremento salarial este año, señalando que una medida de este tipo podría provocar una contracción de la economía formal. El planteamiento se produce justo antes del inicio de las negociaciones laborales entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), que tradicionalmente exige ajustes salariales cada 1° de mayo.

BRASIL

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Supremo Tribunal imputa Bolsonaro por tentativa de golpe

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió acoger la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el expresidente Jair Bolsonaro (PL) y otras siete personas, que integran el primer grupo de imputados acusados ​​de intento de golpe de Estado y abolición del Estado democrático de derecho, en el asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia.

De esta forma, se convierten en imputados y responderán a una acción penal por los delitos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daños calificados por violencia y amenaza grave contra el patrimonio de la Unión, y con perjuicio considerable a la víctima y deterioro de los bienes enumerados, con penas que pueden variar de 20 a 26 años de prisión. En su voto, el ministro relator del caso, Alexandre de Moraes, hizo una larga exposición de las pruebas previamente presentadas por la PGR y defendió la aceptación de la denuncia y la apertura del proceso penal.

Bolsonaro reaccionó con ironía a la denuncia aceptada por unanimidad por  el STF y volvió a atacar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En una publicación en redes sociales, según Metrópoles, el expresidente utilizó el término «gópi» —una alusión peyorativa a la palabra «golpe»— para burlarse de las acusaciones vertidas en su contra, clasificándolas como parte de una «narrativa».

Con la aceptación de la denuncia se abre el proceso penal para juzgar el fondo de las acusaciones. La primera etapa es la investigación, en la que se citan a los testigos de cargo y de defensa, además de las declaraciones de los propios imputados y los alegatos finales del Ministerio Público. Luego de este proceso, los ministros deberán votar para condenar o absolver a los acusados, y luego determinarán las sentencias de forma individual. Sólo habrá posibilidad de recurrir ante el Pleno de la Corte Suprema si hay voto disidente del ponente. De lo contrario, las defensas sólo podrían interponer los llamados recursos declarativos, cuando cuestionan detalles de la decisión dictada, como la sentencia, sin posibilidad de revocar la sentencia. Una vez votadas las objeciones, la sentencia final queda firme.

COLOMBIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | El pulso entre participación y institucionalidad: el Gobierno y la oposición chocan por la consulta popular

La propuesta de una consulta popular impulsada por el gobierno sigue generando debate en el escenario político, con argumentos a favor y en contra que reflejan una clara división de opiniones. A través de mensajes difundidos en redes sociales, el presidente Gustavo Petro ha insistido en la necesidad de cambios profundos, especialmente en el sistema de salud, al que acusa de estar dominado por intermediarios que desvían recursos destinados a los hospitales. Estas declaraciones han encontrado eco en sectores que apoyan su gestión, pero también han sido cuestionadas por quienes consideran que la consulta podría ser un mecanismo para evadir los canales institucionales.

Los esfuerzos por promover la consulta incluyen la creación de comités en distintos municipios del país, buscando consolidar respaldo ciudadano. Sin embargo, encuestas recientes indican que, aunque existe un apoyo parcial a la idea, no hay certeza sobre el nivel de participación efectiva. Algunos líderes opositores han rechazado la iniciativa, argumentando que se trata de una estrategia para marginar las voces críticas en lugar de buscar acuerdos dentro del marco democrático.

Desde el ámbito jurídico, se ha recordado que cualquier consulta debe ajustarse a las normas vigentes y respetar las competencias del Congreso, lo que ha llevado a advertencias formales sobre los límites de este mecanismo. Mientras tanto, el gobierno insiste en que su objetivo es ampliar la participación ciudadana en decisiones clave, aunque reconoce que aún se están definiendo aspectos legales para su implementación.

En paralelo, la reforma a la salud enfrenta obstáculos legislativos, con el presidente anticipando posibles derrotas en el Congreso y señalando supuestos intereses particulares de algunos legisladores. La consulta popular, de llevarse a cabo, incluiría preguntas sobre este tema, junto con otros como pensiones y corrupción, aunque su fecha exacta sigue sin confirmarse.

El escenario actual muestra un enfrentamiento entre quienes ven en la consulta una herramienta para democratizar las decisiones y quienes la perciben como un intento de imponer una agenda sin consenso. La discusión, lejos de resolverse, se intensifica a medida que se definen los detalles de la propuesta, dejando en evidencia las tensiones entre participación ciudadana, institucionalidad y polarización política.

RELACIONES EXTERIORES | Petro y Estados Unidos: El equilibrio entre acuerdos de seguridad y autonomía política

La reciente visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Donald Trump, a Colombia para reunirse con Gustavo Petro marcó un momento relevante en la relación bilateral, en medio de esfuerzos por alinear posturas en temas sensibles como seguridad, migración y narcotráfico. Los ejes centrales del encuentro habrían sido la lucha contra el narcotráfico, la cooperación en seguridad fronteriza y la posible reanudación de las extradiciones a Estados Unidos, suspendidas por el gobierno colombiano en 2022. Aunque no hubo confirmación oficial sobre un cambio en esta política, la presencia de una figura cercana a Trump, sugiere un intento de acercamiento estratégico.

En paralelo, se firmó un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para compartir datos biométricos de ciudadanos colombianos, presentado como una herramienta para el control migratorio y la seguridad. Sin embargo, este pacto generó debate debido a preocupaciones sobre privacidad y el alcance de la información compartida. Las autoridades colombianas aclararon que solo aplicaría a personas bajo investigación criminal, pero el gesto fue interpretado como un acercamiento a las demandas estadounidenses en materia de seguridad.

Mientras avanzaban estas negociaciones, el presidente Petro viajó a Panamá en un momento en que el país enfrenta una crisis por desabastecimiento de medicamentos. Aunque el viaje fue oficialmente para tratar temas migratorios y de narcotráfico con su homólogo panameño, la decisión generó críticas por considerar que desviaba la atención de problemas internos urgentes. No obstante, el diálogo con Panamá, un actor clave en la ruta migratoria del Darién, podría reforzar la posición de Colombia frente a Estados Unidos, demostrando acciones concretas en temas prioritarios para Washington.

El estado de la relación bilateral parece mantenerse en un equilibrio precario. Por un lado, hay coincidencias en seguridad, pero persisten tensiones en lo económico. Se ha señalado que las exportaciones colombianas a Estados Unidos podrían verse afectadas si Colombia avanza en la compra de hidrocarburos a Venezuela, una posibilidad que el gobierno no ha descartado. Dado que Washington mantiene sanciones contra el gobierno venezolano, esta situación podría complicar el intercambio comercial entre ambos países.

En conjunto, los hechos reflejan una estrategia pragmática: mientras se buscan espacios de cooperación con Estados Unidos, especialmente en seguridad, también se exploran márgenes de autonomía en política exterior y económica. Sin embargo, cada decisión en esta relación tiene repercusiones internas, desde el debate sobre soberanía y privacidad hasta las presiones por resolver crisis domésticas. El gobierno enfrenta el desafío de mantener una alianza estratégica con Washington sin ceder completamente a sus demandas, en un escenario donde se plantea un posible proceso electoral.

ECUADOR 

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | El gobierno implementó una serie de bonos en contexto electoral

Con tres decretos, el Gobierno dispuso la entrega de varios bonos, con asignaciones monetarias directas. Uno, por un monto de mil dólares para los actores de la economía popular y solidaria de las provincias en emergencia por las recientes inundaciones. Otro, por un total de 470 dólares para las familias afectadas por el derrame petrolero en la provincia de Esmeraldas. Finalmente, Noboa impulsó un bono de 800 dólares a los desempleados que viven Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay, y tienen entre 30 y 65 años.

Los beneficiarios y beneficiarias de estas asignaciones extraordinarias residen esencialmente en las provincias de la costa ecuatoriana, región en la que la Revolución Ciudadana tuvo su mejor resultado electoral en la primera vuelta presidencial.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Escenario electoral

El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) convocó a organizaciones sociales, movimientos de izquierda, pueblos indígenas, campesinos, estudiantes, mujeres, ecologistas, redes de economía solidaria, afroecuatorianos y montubios a un Encuentro Nacional por un Ecuador Equitativo, Plurinacional y Libre de violencia, a celebrarse el 30 de marzo. En dicha cita, se firmará un acuerdo programático entre esta fuerza política y la Revolución Ciudadana (RC), de cara a la segunda vuelta electoral. El MUPP obtuvo el 5% de los votos en las elecciones generales, lo que lo convierte en un actor de peso para la definición presidencial del 13 de abril.

Por otro lado, una encuesta de Negocios y Estrategias reveló que Luisa González (RC) lidera la intención de voto con un 51.45%, mientras que el candidato-presidente Daniel Noboa la sigue de cerca con un 48.55%. Dicho estudio también reveló que los indecisos se mantienen en un 12%, y la mayor incertidumbre está en la región Sierra.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | La vicepresidenta Abad perdió sus derechos políticos por dos años

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la suspensión por dos años de los derechos de participación política de la vicepresidenta Verónica Abad, demandada por violencia política de género. En este marco, el presidente sostuvo que Abad “ya está destituida”. La vicepresidenta, por su parte, aclaró que esta sentencia no implica una destitución de su cargo.

Como resultado, se sucede una situación de limbo jurídico que beneficia al presidente-candidato Daniel Noboa. Si bien debería pedir licencia para hacer campaña y participar de la segunda vuelta, esta decisión puede ser utilizada para evitar esta obligación legal.

PARAGUAY

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Se registró crecimiento del 4,2% del PIB en 2024

El Banco Central del Paraguay reportó un crecimiento del 4,2% del PIB en 2024 por tercer año consecutivo, liderado por el sector agropecuario (soja y carne) y la energía hidroeléctrica. La inversión extranjera y la recuperación de mercados internacionales fueron factores clave.

A pesar de la estabilidad inflacionaria, se destaca que los ajustes salariales no compensaron la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente en empleos informales. Las políticas de control de gasto público habrían priorizado la contención fiscal sobre derechos laborales, un dato reforzado por el Banco Mundial que confirma que el 39% de la población paraguaya está en riesgo de caer en la pobreza.

Mientas tanto surgen protestas masivas con sindicatos y movimientos campesinos exigen redistribución de tierras y aumento del gasto social, pero se fragmenta la oposición a meses de las elecciones departamentales.

PERÚ

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Comienza a forjarse el escenario electoral 2026

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció este 25 de marzo la convocatoria a elecciones generales para el 12 de abril de 2026, en un mensaje a la nación transmitido desde el Palacio de Gobierno. En este marco, el Parlamento podrá seguir aprobando leyes electorales hasta el 12 de abril de 2025, es decir, un año antes de los comicios.

Ahora bien, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, dijo que el plazo para inscribir partidos para la cita electoral ya venció. El magistrado Willy Ramírez, por su parte, sostuvo que todavía se puede hasta el 12 de abril. Diversas organizaciones políticas piden una aclaración. El lunes 31 de marzo, el máximo tribunal electoral sesionará para definir esta controversia.

SEGURIDAD Y DEFENSA | Sigue la polémica en torno a la seguridad ciudadana en el país

En el contexto de un amplio descontento ciudadano por la seguridad, cinco partidos políticos presentaron un plan conjunto que será entregado a la presidenta Dina Boluarte, proponiendo la creación de un «comando unificado» contra el crimen, la construcción de un «mega penal» con capacidad para 20,000 internos y el endurecimiento de penas para líderes y subalternos de organizaciones criminales.

URUGUAY

BIENES COMUNES | El país consolida su liderazgo en energías renovables con récord en eólica y biomasa

Uruguay se posiciona como el país con mayor participación combinada de energía eólica y biomasa en su matriz eléctrica a nivel regional. Datos oficiales revelan que en 2023 el 38% de la generación eléctrica nacional provino de parques eólicos, mientras que la biomasa aportó un 22% adicional. Este desempeño supera ampliamente el promedio latinoamericano y consolida una transición energética iniciada hace más de una década.

El proceso de transformación muestra hitos claros: mientras en 2015 las renovables no hidroeléctricas ya representaban el 34% de la generación, para 2022 el país alcanzó un notable 98% de electricidad proveniente de fuentes limpias. Paralelamente, la biomasa -principalmente derivada de residuos forestales y agroindustriales- mantiene una producción estable, con especial relevancia en el sector celulósico-papelero.

Uruguay atrajo más de USD 7.000 millones en inversiones para energías renovables entre 2010 y 2016. Los principales actores fueron fondos de inversión internacionales -canadienses (Brookfield), británicos (Actis) y portugueses (EDPR)- junto con empresas españolas (Sacyr) y finlandesas (UPM), complementados por financiamiento del Banco Mundial y el BID. El sector eólico registró un 80% de capital extranjero, mientras que la biomasa mostró mayor participación de actores estatales y empresas nacionales vinculadas al sector forestal.

VENEZUELA

RELACIONES EXTERIORES | Trump impone aranceles a quienes compren petróleo y gas a Venezuela   

El lunes 24 de marzo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha arremetido nuevamente contra Venezuela. En declaraciones publicadas en su red social Truth Social, el primer mandatario estadounidense declaró que impondrá un arancel extra a cuyos países realicen procedimientos comerciales relacionados con la compra del petróleo y el gas venezolano. Según sus dichos, se establecerá un arancel del 25% a los productos importados hacia los Estados Unidos a quienes efectúen estas operaciones con el país caribeño.

Trump justificó su decisión a la hostilidad por parte del gobierno de Maduro hacia EE.UU. en las negociaciones migratorias que se intentan llevar a cabo entre los dos países. Así mismo, el mandatario estadounidense acusa el gobierno venezolano de enviar criminales hacia los Estados Unidos, especialmente los considerados, según EE.UU, de formar parte del grupo criminal Tren de Aragua. Es por esto por lo que también se está considerando la implementación de un arancel secundario, el cual no se detallaron los porcentajes.

Si bien la medida entraría en vigor el próximo 2 de abril, aún no se encuentra oficializada y no se tiene certezas de su efectiva implementación. Esta decisión ejecutiva afectaría a diversos países como ser China, España e India, entre otros, quienes compran petróleo venezolano. El caso de India es una ventana en donde podemos observar las consecuencias, ya que según informaciones de la agencia Reuters, la empresa radicada en dicho país, Reliance Industries, conocida por ser la operadora del mayor complejo de refinado del mundo, habría decidido dejar de comprar petróleo a Venezuela a causa de estos aranceles.

Sin embargo, estas medidas serían de difícil aplicación ya que muchas transacciones las realizan empresas privadas -como el caso de REPSOL de España- no controladas por los Estados, por lo cual aún es incierta la aplicación de estos aranceles.

Por lo pronto, el precio del petróleo ha tenido un alza en los mercados internacionales. El martes 25 de marzo, el Brent escalaba 46 centavos (73,46 USD) y el crudo West Texas –referencia del petróleo venezolano- hacía lo mismo en 41 centavos.

Por su parte, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro calificó estas emitidas unilaterales como ilegales y arbitrarias, las cuales violan las reglas del comercio internacional. El jefe de Estado aseguró que recurrirán a los mecanismos internacionales pertinentes para denunciar esta nueva agresión contra Venezuela.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Activación del motor productivo y minero

El lunes 24 de marzo el Presidente Nicolás Maduro realizó el lanzamiento del cuarto motor productivo, en este caso el motor minería y de las industrias básicas del país, entre las cuáles se encuentra el complejo siderúrgico del Orinoco, bajo administración estatal. El mandatario se refirió a los motores productivos como la articulación de la empresa mixta y privada, con el objetivo de buscar inversiones para el desarrollo.

Este lanzamiento se da en el marco del cierre de la Expo metal 2025 realizada en el estado Bolívar. Con la participación de empresarios de 30 países, dicha exposición tuvo como objetivo la articulación entre diversos sectores productivos, relacionando a profesionales del área industrial interesados en la producción venezolana para poder establecer alianzas e inversión que fortalezca las actividades industriales.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Avances en la consolidación del autogobierno comunal

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela supervisó el jueves 27 de marzo los avances en la ruta de consolidación de las salas de autogobierno comunal y popular. Desde la comuna soberana del poder popular ubicada en la parroquia la Dolorita del municipio Sucre, el presidente informó que ya se encuentran instaladas el 67% de las Salas de Autogobierno Popular instaladas, y el resto en fase de construcción.

Las salas de autogobierno comunal tienen por objetivo generar una articulación entre el poder popular, nucleado en hasta ahora más de cinco mil Comunas con el gobierno nacional en la generación de propuestas y la elaboración de proyectos comunitarios de manera conjunta, en una búsqueda de continuar fortaleciendo las políticas públicas llevadas a cabo en cogobierno con el poder popular.

Estas salas estarán coordinadas por una sala nacional desde Caracas a cargo de la Vicepresidencia ejecutiva y permitirán a las comunidades organizadas  acceder a recursos, herramientas y apoyo técnico para desarrollar proyectos en áreas prioritarias como salud, educación, infraestructura, servicios básicos y economía comunal. Además, facilitarán el monitoreo y la rendición de cuentas, asegurando que los recursos se utilicen de manera transparente y eficiente.