La operación militar estadounidense del 3 de enero, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, dejó a Venezuela en un escenario político absolutamente novedoso: ni cambio de régimen ni continuidad. Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina en circunstancias extraordinarias, bajo una amenaza permanente que ya no es metáfora sino descripción precisa del cuadro de situación.
No obstante la celeridad con la que se transitaron los cauces institucionales que permitieron formalizar la sucesión, evitar el vacío de poder y asegurar el funcionamiento del aparato de gobierno, el estado de shock persiste.
Para quienes han sido protagonistas de décadas de historia política bajo el signo del chavismo —con su épica antiimperialista y sus banderas de soberanía— el pasaje de la “resistencia” a la “colaboración” marca un punto de inflexión especialmente dramático. El cambio más rotundo se evidencia en tres planos: la pérdida de autonomía en materia de política petrolera, la apertura paulatina del sistema político y el cambio en materia de política exterior. Lo que se ha abierto para el país caribeño es un periodo de tutelaje bajo amenaza permanente: Venezuela conserva un margen de decisión, pero estrictamente dentro de los límites que permite Washington.
Para analizar este nuevo momento desde dentro del proceso, Traza Continental conversó extensamente con actores del chavismo que ocupan o han ocupado posiciones de relieve en distintos niveles del gobierno. Dado lo delicado de las circunstancias, preservamos la identidad de nuestras fuentes, cuyos testimonios fueron vertidos off the record.
EL CRUDO VUELCO: DE LA CONFRONTACIÓN AL REALISMO
La agenda petrolera concentra hoy, sin duda, los principales esfuerzos del gobierno de Donald Trump sobre Venezuela. La visita ampliamente publicitada de Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, a Caracas y la recepción digna de un mandatario amigo que ofreció el gobierno venezolano fueron un botón de muestra de ello.
Desde hace semanas, delegaciones de distintas compañías han visitado el país evaluando escenarios de inversión y producción. En el corto plazo, sin embargo, el margen efectivo es limitado: solo un grupo acotado de empresas tiene presencia real en el territorio venezolano y podrían participar del incremento de la producción. Se trata de Eni, Repsol, Maurel & Prom y Chevron, así como las compañías de servicios asociadas a las operaciones de esta última como Schlumberger y Halliburton. Todas ellas cuentan con capacidades instaladas y compromisos que ya venían gestándose antes de la incursión del 3 de enero, y que ahora se consolidan con plena anuencia del gobierno estadounidense y con un gobierno venezolano condicionado.
Desde hace semanas, delegaciones de distintas compañías han visitado el país evaluando escenarios de inversión y producción. En el corto plazo, sin embargo, el margen efectivo es limitado…
Aunque no son estadounidenses, Washington no presenta objeciones a la continuidad de Eni y Repsol en el país. Sus operaciones se concentran fundamentalmente en gas y no generan fricciones con los intereses norteamericanos. Repsol, de hecho, participó en la reunión de las principales empresas petroleras con Trump el 9 de enero de este año y obtendría una licencia favorable que le permitiría incrementar —e incluso duplicar— su producción en el corto y mediano plazo.
La incógnita central pasa por las grandes petroleras estadounidenses distintas de Chevron, en particular ConocoPhillips y ExxonMobil. “Los analistas, dentro y fuera de PDVSA, coinciden en que resulta muy improbable un retorno de estas compañías en el corto plazo”, señala una de las fuentes consultadas. Las condiciones que plantean son de gran envergadura: cambios constitucionales y reformas legales profundas que exceden largamente la actual reforma de la ley de hidrocarburos implementada por el gobierno. Aunque contemplan como requisito un cambio político de fondo, por ahora evitan ponerlo explícitamente sobre la mesa para no entorpecer su diálogo con Trump en este y otros frentes.
La administración republicana empuja activamente para que el negocio petrolero venezolano avance, incluso presionando a las propias empresas estadounidenses, aunque sin ofrecer garantías que compensen el riesgo. Sin embargo, las más cercanas al presidente son firmas pequeñas y de escala limitada, para las cuales el riesgo de invertir en un entorno tan incierto como el venezolano es considerable. Las grandes petroleras, que requieren inversiones del orden de los cinco a diez mil millones de dólares, no avanzarán solo con la promesa presidencial de garantizarles el retorno. Para montos de esa magnitud, la palabra de Trump es insuficiente, más aún cuando el propio mandatario ha dejado claro que el riesgo recaerá esencialmente sobre las empresas y que el Estado norteamericano no otorgará garantías adicionales ni subsidios.
LA PARADOJA DE LA ECONOMÍA
A pesar de este escenario, existe una alta expectativa desde la parte venezolana en torno al aumento de la producción con las compañías que sí están operando —o que retomarán operaciones—. Revivir la industria petrolera implicaría para Venezuela una mejora considerable en la economía. “En escenarios prudentes, se proyecta un crecimiento del PIB cercano al 10% este año. Para una economía que se contrajo alrededor de un 80% en la última década, se trata de una cifra excepcional”, nos explican desde Caracas.
…existe una alta expectativa desde la parte venezolana en torno al aumento de la producción con las compañías que sí están operando —o que retomarán operaciones—. Revivir la industria petrolera implicaría para Venezuela una mejora considerable en la economía.
Hay que recordar que el mejor momento económico de Venezuela durante los años de bloqueo fue el periodo en que estuvo vigente la licencia a Chevron otorgada por la administración de Joe Biden. Aunque los recursos derivados de esa producción —que llegó a los 200 mil barriles diarios— no ingresaron directamente a la hacienda pública, sí impactaron en el mercado cambiario, beneficiando a la economía en general, al bolsillo de la población y a la capacidad de maniobra del gobierno. Ese ciclo favorable duró aproximadamente un año y medio. Cuando la licencia fue retirada, la situación volvió a deteriorarse con rapidez, con el agravante de que el gobierno ya se había comprometido a incrementar los salarios.
Ahora, Chevron podrá producir unos 300 mil barriles diarios hacia el cierre de este año, con la proyección de alcanzar los 500 mil en dos o tres años. Para un país que venía produciendo entre 800 y 900 mil barriles diarios, alcanzar un volumen cercano al millón trescientos mil —sumando el aporte de Chevron al resto de los operadores activos— tendría un impacto significativo sobre la economía y sobre la capacidad estatal de atender demandas sociales postergadas.
“La paradoja es tan trágica como evidente: la apertura de esta etapa económica relativamente prometedora fue posible a partir de lo ocurrido el 3 de enero”, reflexiona una de las fuentes. “No se trata, desde luego, de un crecimiento con redistribución ni de un modelo de desarrollo autónomo, sino de una expansión condicionada a la voluntad de un autócrata que puede revertirla en cualquier momento. Pero para un país cuyo horizonte para este 2026 se presentaba como devastador, esto constituye un alivio real. Un alivio concedido por Trump y, como todo lo que este concede, absolutamente revocable”, agrega.
LA REFORMA A LA LEY DE HIDROCARBUROS: RETORNO AL PASADO
La recientemente aprobada reforma de la ley de hidrocarburos constituye la verdadera prueba de fuego del nuevo escenario. Se trata del cambio de política pública más profundo en un cuarto de siglo.
No resulta exagerado afirmar que la nueva ley desmonta varios de los pilares que sostenían el esquema petrolero de la Revolución Bolivariana, ya que incorpora elementos que, desde la tradición chavista, funcionan como líneas rojas: la posibilidad de resolver controversias en tribunales internacionales, modificaciones en la captura estatal de la renta petrolera y la conformación de empresas mixtas sin aprobación parlamentaria. Son disposiciones que afectan directamente pilares simbólicos y materiales del modelo.
No resulta exagerado afirmar que la nueva ley desmonta varios de los pilares que sostenían el esquema petrolero de la Revolución Bolivariana, ya que incorpora elementos que, desde la tradición chavista, funcionan como líneas rojas…
El principal eje argumentativo del gobierno consiste en señalar que, mientras el petróleo permanece bajo tierra, carece de valor alguno, y que es únicamente al ser extraído cuando puede transformarse en recursos en beneficio de la población. Por lo tanto, la soberanía no es un problema nominal, sino una cuestión de capacidad efectiva para ejercer políticas a partir de los beneficios de la extracción y comercialización del petróleo, algo que, en el último tiempo, debido a las sanciones impuestas por Washington, había quedado virtualmente imposibilitado.
Si bien este enfoque parecería contar con amplios consensos tanto en el gobierno como en la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al punto de presentarse incluso como una suerte de “profundización” de la propia revolución, conviene no perder de vista que este giro ha venido generando importantes incomodidades en diversos sectores del bloque oficialista. En particular, algunos consideran excesivas las concesiones otorgadas al capital privado, varias de ellas largamente reclamadas por la derecha política, y ven en la nueva ley de hidrocarburos un punto de inflexión.
La retórica oficialista y la propaganda gubernamental se basan en sostener que no se ha abandonado la matriz fundamental de la soberanía petrolera, ya que el Estado sigue siendo propietario de los yacimientos. Lo que se modifica es la forma de explotación y comercialización de los recursos. “El reconocimiento implícito es que el Estado venezolano, condicionado por el bloqueo y por la estructura del mercado internacional, no está en condiciones de sostener los niveles de control que imponía anteriormente sobre la industria”, nos detallan.
En términos prácticos, no resulta atractivo para una empresa petrolera participar en una asociación en la que debe aportar el capital, asumir el riesgo, proveer la tecnología y garantizar la inserción internacional, mientras el Estado retiene la mitad de la propiedad y las decisiones estratégicas. “Venezuela no dispone hoy del financiamiento, la tecnología ni la inserción internacional que requiere la industria. No los tiene por efecto del bloqueo, pero tampoco los tenía de manera autónoma antes de él”, reconocen analistas consultados por Traza Continental.
La reforma reconoce, en consecuencia, que los privados podrán operar en condiciones mucho más favorables. Se establecen mecanismos de garantía financiera, de modo que, si el gobierno modifica impuestos y las empresas consideran que ello afecta negativamente su situación económica, el Estado estará obligado a realizar ajustes —en plazos, regalías o tarifas— que beneficien al capital privado, permitiendo a la empresa recuperar su “posición económica original”.
La retórica oficialista y la propaganda gubernamental se basan en sostener que no se ha abandonado la matriz fundamental de la soberanía petrolera, ya que el Estado sigue siendo propietario de los yacimientos.
Asimismo, se otorgan permisos para que las empresas (mixtas o privadas bajo contrato) puedan vender su propia cuota de petróleo y gestionar sus cuentas bancarias en cualquier moneda y jurisdicción. Además, se deroga la exclusividad del Estado para controlar elementos estratégicos y bienes y servicios conexos, como lanchas, diques y terminales.
No se eliminan, sin embargo, dos pilares de la hacienda pública: el impuesto sobre la renta petrolera y la regalía. Esta última oscilará entre el 15% y el 33%, con un piso más bajo que el histórico, mientras que el impuesto sobre la renta se mantiene. Desde un punto de vista pragmático, la reforma apela a un tipo de realismo político. “No habría sido posible atraer inversiones significativas sin admitir la resolución de controversias en tribunales fuera de la jurisdicción nacional. Esto resulta particularmente doloroso para quienes defendieron siempre la exclusividad de los tribunales de la República, pero no constituye una anomalía: en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, las grandes inversiones petroleras prescinden del arbitraje internacional”, argumenta una de las personas consultadas.
“Es un giro difícil de digerir para el chavismo”, admite otra fuente. Como señalamos, la reforma coloca al país en una situación comparable a la que regía con anterioridad a las modificaciones que había realizado el propio Hugo Chávez. “Pero el punto de partida no es la normalidad, sino una década en la que Venezuela no podía vender su crudo a precios internacionales ni elegir libremente a sus compradores. El contraste es entre ese esquema asfixiante y uno nuevo en el que se puede incrementar la producción, reactivar la industria con capital extranjero y sostener exportaciones a precios de mercado que aportan a la hacienda pública ingresos muy superiores a los de los años recientes”, contextualiza.
La pregunta que atraviesa todo el proceso es si se trata de una concesión táctica impuesta por las circunstancias o de un punto de no retorno en el modelo económico venezolano. “No hay una respuesta unívoca. Lo que sí parece claro es que, por ahora, la dirección política considera que no existe alternativa”, concluye.
“No habría sido posible atraer inversiones significativas sin admitir la resolución de controversias en tribunales fuera de la jurisdicción nacional. Esto resulta particularmente doloroso para quienes defendieron siempre la exclusividad de los tribunales de la República, pero no constituye una anomalía: en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, las grandes inversiones petroleras prescinden del arbitraje internacional”.
CONTROL INTERNO Y APERTURA DEL SISTEMA
Delcy Rodríguez no ejerce el poder en soledad. En la Venezuela actual, la conducción del país se organiza en torno a una tríada compuesta por Delcy y su hermano Jorge Rodríguez —quien preside la Asamblea Nacional—, por un lado, y Diosdado Cabello —ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y una de las figuras con mayor influencia histórica en el aparato político y militar del chavismo—, por el otro.
Desde la muerte de Chávez, la unidad de estos distintos sectores (junto con el entonces presidente Nicolás Maduro) fue la clave que permitió la supervivencia del gobierno. Aunque Delcy y Jorge son hoy las figuras de mayor peso, por su vínculo con la inteligencia y las fuerzas armadas del país, así como con la estructura partidista, Cabello opera como un actor indispensable.
Si bien desde el ataque del gobierno estadounidense el Ejecutivo mantuvo —al contrario de lo que varios analistas creían— una serie de gestualidades y discursos en torno a la unidad gubernamental, lo cierto es que sí han existido momentos de fuertes fricciones. El principal eje de conflicto giró en torno a la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
Mientras que el proyecto presentado por la presidenta Delcy Rodríguez proponía “una amnistía general” para “dejar atrás la violencia política que atravesó el país desde 1999” —en clara referencia a la llegada al poder del presidente Chávez—, los sectores vinculados a Cabello manifestaron que la ley debía tener límites claros, advirtiendo que se trataba de un perdón para quienes han cometido delitos, sin reconocer la existencia de “presos políticos”. Finalmente, varias de sus exigencias fueron incorporadas al texto final aprobado hace algunas semanas.
Sin embargo, la tensión pública dejó expuesta no solo la existencia de un desacuerdo, sino también una incomodidad frente al ajuste gubernamental. La incomodidad resulta lógica si se tiene en cuenta que el debate —en el fondo— ponía en cuestión la política que, en buena medida, se le adjudica al propio Cabello.
Cabe remarcar que la ley aprobada, si bien otorga un amplio proceso de amnistía general, es explícita en dejar fuera a quienes hayan sido acusados o condenados por delitos graves, así como a quienes promovieron o participaron en acciones armadas o violentas contra el país.
Las tensiones podrían desencadenar rupturas; sin embargo, este no parece un escenario probable en el corto plazo. El nombramiento de Daniela Cabello, hija de Diosdado, como parte del gabinete de Delcy, parece ser un gesto de voluntad de la presidenta por mantener la unidad. En el escenario actual, Cabello todavía conserva una influencia decisiva sobre los dispositivos del orden interno, y Trump ha sido explícito en un punto: la condición para sostener su apoyo es que no emerjan desafíos que pongan en riesgo la estabilidad.
…la conducción del país se organiza en torno a una tríada compuesta por Delcy y su hermano Jorge Rodríguez —quien preside la Asamblea Nacional—, por un lado, y Diosdado Cabello —ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y una de las figuras con mayor influencia histórica en el aparato político y militar del chavismo—, por el otro.
Rodríguez enfrenta así una tensión estructural: necesita ejercer “mano dura” frente a los factores internos que puedan desafiarla, pero al mismo tiempo requiere una dosis de “mano blanda”, una cuota de apertura hacia sectores de la oposición para despresurizar el frente externo. En este marco, el regreso de María Corina Machado a Venezuela aparece como una posibilidad en el mediano plazo. Aunque esta apertura no constituye una prioridad inmediata para Trump, forma parte de las conversaciones habituales entre Delcy Rodríguez y Marco Rubio.
“Machado presiona más por su retorno que por la liberación de los presos políticos. Su objetivo central es volver con garantías para hacer política, lo que en los hechos implica iniciar una campaña electoral desde el momento en que pise suelo venezolano”, señalan desde Caracas. Este escenario representaría un desafío de primer orden para la capacidad de la presidenta de controlar la situación política.
La jefa de Estado queda así atrapada entre presiones contradictorias: abrir el juego por un lado y cerrarlo por otro, ambigüedad que impacta directamente sobre el clima de negocios y sobre la estabilidad que las petroleras necesitan para comprometer inversiones de largo plazo.
En ese marco debe leerse la visita a Venezuela de John Ratcliffe, director de la CIA, concebida como un mensaje dirigido a los servicios de seguridad y a los cuerpos armados. “De manera paradójica, fue un gesto de intimidación y de respaldo a la presidenta”, explica una fuente. Más que una advertencia a Delcy Rodríguez, la señal estuvo orientada a los otros actores de poder: una forma de marcar límites a quienes podrían desafiar el orden que Estados Unidos busca consolidar en Venezuela.
PRIORIZAR LA SUPERVIVENCIA
Aunque todavía mantienen una fuerza de movilización considerable, las bases politizadas y orgánicas constituyen hoy una minoría social. “Es a ese núcleo al que la dirigencia se dirige cuando enfatiza el discurso de confrontación con Estados Unidos, denuncia la agresión externa y el secuestro del presidente”, explica una fuente. El resto del país, en cambio, opera en una lógica de pura supervivencia. “Es ese sector mayoritario el que observa con atención cualquier progreso económico, por modesto que sea, que pueda producirse este año. Y allí reside la principal fuente de estabilidad y legitimidad de la presidenta”, agrega.
Si tres variables económicas logran desempeñarse razonablemente bien —estabilización del tipo de cambio, moderación de la inflación y mejora de los ingresos reales de los trabajadores—, no es esperable que se produzca ningún movimiento social o político con capacidad real de desestabilización. Un factor que podría alterar ese escenario sería una eventual reorganización significativa de la oposición, asociada al retorno de sus principales figuras desde el exilio.
Si tres variables económicas logran desempeñarse razonablemente bien —estabilización del tipo de cambio, moderación de la inflación y mejora de los ingresos reales de los trabajadores—, no es esperable que se produzca ningún movimiento social o político con capacidad real de desestabilización.
“Las bases del chavismo atraviesan un proceso de reorientación. El momento actual está marcado por un duelo profundo: la agresión fue extrema y el secuestro del líder constituye un golpe político y simbólico de gran magnitud”, reflexiona una de las personas consultadas. Sin embargo, la apuesta de la dirigencia es que ese impacto tenderá a metabolizarse progresivamente, y lo hará, ante todo, en función de una mejora tangible de las condiciones económicas.
“¿Será una mejora desigual? Sin duda”, responde otra fuente. “¿Se beneficiarán más las empresas estadounidenses que el propio Estado venezolano de la renta petrolera? También”, admite. “Pero considerando el grado de postración al que llegó la economía venezolana, el escenario es percibido como alentador. Lo es para el bolsillo de la población, y eso es lo que, en este momento, resulta decisivo”, explica.
Existe consternación en los sectores críticos dentro del chavismo. “Hay decisiones que no se comprenden y que generan malestar. Pero desde una perspectiva cercana al núcleo del gobierno, se entiende que la presidenta está haciendo lo que considera inevitable”, señala. El secuestro del presidente y de su pareja condiciona múltiples decisiones, pero el factor más determinante es la advertencia permanente: sin cooperación, no hay garantías siquiera de supervivencia.
ADIÓS A CUBA E IRÁN, CAUTELA CON RUSIA Y CHINA: EL PRECIO DEL TUTELAJE
En materia de política exterior hay dos cuestiones que constituyen líneas rojas del tutelaje estadounidense, según las fuentes consultadas: Cuba e Irán. Con respecto a la isla, la exigencia inmediata fue el cese de los envíos petroleros desde Caracas: a partir del cerco naval de Estados Unidos a Venezuela en diciembre del año pasado, Caracas dejó de enviar petróleo a Cuba, situación que se consolidó de manera definitiva luego del ataque del 3 de enero. Venezuela pasó de ser el segundo proveedor de petróleo de Cuba a reducir su colaboración a cero.
El ataque a Venezuela funcionó también como un ataque indirecto a Cuba, una presión que se ha incrementado luego de que, el pasado 29 de enero, la Casa Blanca emitiera una orden ejecutiva mediante la cual amenaza con sancionar a cualquier país que “venda o suministre petróleo” a la isla caribeña.
En el plano público y retórico, el cambio es evidente. “Se sostiene un discurso que permita a la presidenta conservar un mínimo de legitimidad ante las bases del chavismo, pero ese discurso está, en los hechos, pactado con Estados Unidos”, revela una persona consultada. No es la misma retórica de antes. Basta comparar los comunicados recientes sobre Cuba con los emitidos tras los hechos: los primeros mensajes ante la muerte de los combatientes cubanos fueron fríos, distantes, formulados como si Cuba fuese un socio latinoamericano más.
…a partir del cerco naval de Estados Unidos a Venezuela en diciembre del año pasado, Caracas dejó de enviar petróleo a Cuba, situación que se consolidó de manera definitiva luego del ataque del 3 de enero. Venezuela pasó de ser el segundo proveedor de petróleo de Cuba a reducir su colaboración a cero.
El distanciamiento se expresa incluso en ámbitos aparentemente secundarios. La cooperación deportiva con Cuba, históricamente relevante para Venezuela, ilustra hasta dónde llega el viraje. “El ministro de Deporte cubano se comunicó con su par venezolano para consultar si la cooperación continuaría. No hubo respuesta: en ese nivel no se ha definido nada”, ilustra una fuente. “En los ámbitos de salud y energía, en cambio, la orientación es clara: llevar la cooperación al mínimo y, en la medida de lo posible, a cero”, añade.
La cooperación con Irán también quedó anulada. Actores clave de esa relación, con presencia dentro del gobierno venezolano, ya fueron desplazados por exigencia directa de Washington. “Se trata de una de las decisiones más costosas en términos políticos y simbólicos de las últimas semanas. Las razones se comprenden, pero el impacto interno es profundo”, se admite.
En cuanto a China y Rusia ya está en marcha un desplazamiento respecto de las alianzas previas. Ambas potencias han dado señales de comprender el giro, aunque la relación cambió de manera evidente a partir del 3 de enero.
“Estados Unidos ha expresado en distintos ámbitos que no objeta la continuidad de operaciones petroleras chinas y rusas en Venezuela, ni la venta de crudo a esos países”, señala una fuente. “La condición central es que no se trate del grueso de las exportaciones y que China no se convierta en el principal destino”.
Otro punto clave es que Washington no permitirá que Venezuela priorice el pago de su deuda con China por sobre sus compromisos con acreedores estadounidenses. Habrá una jerarquización de la deuda con Estados Unidos, como ya ocurrió con la licencia otorgada a Chevron.
Desde el punto de vista operativo, la deuda china sigue siendo relevante para el funcionamiento de la economía venezolana, pero ni los flujos financieros ni los envíos de petróleo se orientarán prioritariamente hacia Beijing.
En este escenario, la cooperación militar con Rusia será postergada y tenderá a apagarse de manera gradual. “Antes del 3 de enero, la relación político-diplomática era sólida, pero en los planos económico y militar ya se encontraba bastante disminuida. Con China, la relación nunca fue plenamente estratégica: se mantenía en un nivel de administración y continuidad”, contextualiza una de las personas consultadas.
Los cambios más visibles se producen en el terreno de la escenificación. Lo que resulta indiscutible es que ninguna acción del gobierno venezolano en los próximos meses puede ser leída en Washington como una provocación.
Washington no permitirá que Venezuela priorice el pago de su deuda con China por sobre sus compromisos con acreedores estadounidenses. Habrá una jerarquización de la deuda con Estados Unidos, como ya ocurrió con la licencia otorgada a Chevron.
BOLIVARIANA PERO TUTELADA
La Venezuela que emerge tras el 3E es un país sometido a una tensión permanente entre la supervivencia económica y la identidad política, entre el pragmatismo forzado y los compromisos históricos. Conserva formalmente su arquitectura bolivariana mientras convive con un tutelaje que habría resultado impensable apenas semanas atrás.
Las bases del chavismo atraviesan un duelo político: principios considerados innegociables se transforman ante sus ojos. Sin embargo, en una sociedad exhausta tras años de crisis, la prioridad inmediata es la supervivencia material. La apuesta del gobierno es que una mejora económica —modesta, pero perceptible— permita procesar esos cambios y sostener la cohesión.
El futuro inmediato dependerá de varios factores: la capacidad de Delcy Rodríguez para administrar el equilibrio interno, la reacción de una oposición que intentará rearticularse, el desempeño de las variables económicas clave y la voluntad de Donald Trump de mantener este esquema en su apuesta por el petróleo venezolano.
En este sentido, el experimento que se inaugura tras el 3E no es estrictamente una restauración ni una transición clásica, sino una forma inédita de poder tutelado: un gobierno que conserva símbolos, retórica y parte sustancial de la arquitectura bolivariana, pero cuyo margen de decisión estratégica está severamente condicionado desde el exterior. Esa tutela no se ejerce para desmontar de inmediato el orden existente, sino para administrarlo, estabilizarlo y volverlo funcional a intereses geopolíticos y económicos específicos.
La pregunta de fondo no es solo cuánto durará este esquema, sino qué dejará como herencia. Si el tutelaje se consolida, puede vaciar de contenido a la experiencia bolivariana sin necesidad de derrotarla formalmente; si ese esquema se quiebra, es probable que lo haga en un contexto de alta fragilidad interna. Entre una y otra posibilidad, la Venezuela posterior al 3E queda suspendida en una zona gris: bolivariana en las formas, tutelada en las decisiones clave y obligada a conducirse en un esquema de soberanía fuertemente restringida y estrechamente negociada. 
El futuro inmediato dependerá de varios factores: la capacidad de Delcy Rodríguez para administrar el equilibrio interno, la reacción de una oposición que intentará rearticularse, el desempeño de las variables económicas clave y la voluntad de Donald Trump de mantener este esquema en su apuesta por el petróleo venezolano.