El gobierno de Gustavo Petro avanza en su agenda de reformas estructurales, pero enfrenta resistencias, contrapropuestas y tensiones políticas que complican su aprobación en el Congreso. Uno de los ejes centrales es la reforma laboral, donde el oficialismo choca incluso con aliados hasta el momento como el Partido Liberal, que presentó su propia versión del proyecto. Mientras el gobierno propone que los recargos nocturnos inicien a las 6 p.m. y los dominicales sean del 100%, los liberales plantean que el horario nocturno comience a las 7 p.m. y que el recargo dominical sea del 75%. Aunque figuras como el senador Roy Barreras (Partido de la U) y el ministro del interior Benedetti, han señalado que hay consenso en la necesidad de una reforma, las diferencias técnicas y políticas persisten.
Ante este escenario, el presidente Petro ha insistido en la posibilidad de una consulta popular para llevar su propuesta directamente a la ciudadanía, una estrategia que ha generado escepticismo en algunos sectores y abierto fisuras incluso dentro de su coalición. El gobierno anunció la creación de 60 mil comités para promover esta consulta, lo que algunos interpretan como un intento de movilizar bases sociales y presionar al Legislativo. Además, Petro ha dejado entrever que el mecanismo podría ampliarse para incluir otros temas, como una reforma pensional o ambiental, lo que añadiría mayor complejidad al proceso.
En paralelo, la reforma a la salud parece tener un camino más despejado, al menos en términos de trámite legislativo. El gobierno logró que figuras afines fueran designadas como coordinadoras ponentes en ambas cámaras: Martha Peralta (Pacto Histórico) y Norma Hurtado (Partido de la U), quien no presenta un apoyo directo aún. Sin embargo, persisten críticas desde sectores médicos y opositores, que advierten sobre riesgos de centralización excesiva y pérdida de autonomía en el sistema de salud.
Otro frente de disputa es la reforma a la justicia, donde el gobierno busca cambios profundos pero se topa con la resistencia del Partido Conservador y otros actores políticos. El representante Carlos Fernando Motoa (Conservador) ha asegurado que su bancada busca evitar modificaciones que, a su juicio, podrían «pervertir el espíritu de la reforma», en lo que parece una advertencia contra posibles ajustes que beneficien intereses del Ejecutivo.
Precisamente, el enfrentamiento entre Petro y el Partido Conservador ha escalado en las últimas semanas, luego de que el director de esa colectividad, Efraín Cepeda, negara categóricamente un supuesto intento de «golpe de Estado» en su contra, pero al mismo tiempo criticara el manejo presidencial de las reformas. La senadora Nadia Blel (Conservadora) también cuestionó la consulta popular, calificándola de «improvisada» y poco viable. Petro, por su parte, ha respondido con acusaciones de «elitismo» contra los conservadores, en un tono que refleja la creciente polarización en el Congreso.
En este contexto, el gobierno mantiene su apuesta por una agenda transformadora, pero en un escenario donde la negociación política se vuelve cada vez más compleja. La consulta popular aparece como una herramienta de presión, pero su efectividad dependerá de la capacidad de movilización social y del respaldo electoral que logre concitar.
