Durante su visita a Shanghái, el presidente Gustavo Petro se reunió con Dilma Rousseff, presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) de los BRICS, para presentar la solicitud formal de ingreso de Colombia como país prestatario, comprometiéndose a suscribir cinco mil 125 acciones por un total de 512,5 millones de dólares (410 millones en acciones exigibles y 102,5 millones en acciones pagadas), con un primer desembolso previsto dentro de los seis meses siguientes a la entrega del documento de adhesión. Esta iniciativa, concebida como una estrategia para diversificar las fuentes de financiamiento más allá del FMI y el Banco Mundial, permitiría al país acceder a préstamos para infraestructura, energías renovables, salud y desarrollo sostenible. Rousseff destacó que el NDB apoya el desarrollo del sur global “sin vetos, sin condicionalidades y con respeto a la soberanía nacional”, y recordó que hasta la fecha la entidad ha aprobado 122 proyectos por casi 40 mil 000 millones de dólares, con un 24 % de las inversiones y un 31 % de las captaciones realizadas en monedas locales.
La formalización de esta solicitud coincidió con la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, decisión que motivó una rápida reacción de Estados Unidos: mediante una publicación en X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental anunció que el gobierno de Donald Trump bloqueará nuevos desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo y de otras instituciones multilaterales destinados a empresas estatales o controladas por Pekín en Colombia, argumentando que “los dólares de los contribuyentes norteamericanos no deben utilizarse para subsidiar empresas chinas en nuestro hemisferio”. Esta postura encendió las alarmas sobre la financiación del Metro de Bogotá, cuya primera línea, en ejecución desde 2020, y su segunda línea, en proceso de licitación, cuentan con respaldo financiero del BID y participación de constructoras chinas; sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán se reunió con directivos del BID, quienes ratificaron su compromiso con ambos tramos y aseguraron que no existen señales de retiro o congelamiento de los recursos.
En el plano interno, el anuncio suscitó críticas. El exsenador Jorge Enrique Robledo tachó de “falsa” la afirmación de que el acuerdo con China representaba un cambio sustancial en las relaciones internacionales, al subrayar que nada de lo firmado en Pekín modifica los tratados y acuerdos previos de Colombia, como los TLC vigentes. Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, advirtió que la industria nacional podría verse amenazada al tener que competir con la escala y condiciones de fabricación chinas. Ante el veto estadounidense, Petro defendió en su cuenta de X que su gobierno respetará la decisión de los bancos respaldados por EE. UU. de no financiar proyectos considerados competencia para la industria norteamericana, al tiempo que instó al Ejecutivo de Donald Trump a facilitar la participación de empresas estadounidenses en las licitaciones estatales, y reiteró su compromiso con procesos transparentes y competitivos.
