La presencia activa de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y el ELN ha generado un aumento significativo de la violencia y un deterioro en la seguridad ciudadana en varias regiones de Colombia, especialmente en Risaralda. En el Chocó, la Misión de Apoyo a la Paz de la OEA ha alertado sobre un incremento de la violencia, particularmente en Quibdó, donde se busca reactivar una mesa de diálogo con bandas locales para mitigar los conflictos armados y la inseguridad. Esta situación ha provocado un fenómeno de migración inversa, con personas que abandonan el Chocó debido a los riesgos y la violencia, afectando la estabilidad social y económica de la región.

En cuanto a los excombatientes, se ha decidido trasladar a los exmiembros del ETCR Carrizal a Yalí, Antioquia, debido a los riesgos de seguridad que enfrentan en su lugar de origen, lo que evidencia las dificultades para garantizar su protección y reintegración en un contexto de persistente violencia. En otro frente, el ELN perpetró un atentado contra el oleoducto Bicentenario, causando un daño ambiental significativo, lo que subraya la persistencia de acciones violentas que afectan no solo la seguridad sino también el medio ambiente y la infraestructura estratégica del país.