Médicos anunciaron una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública y advierten sobre posible movilización nacional. Señalan que la norma puede atentar contra su autonomía profesional y estabilidad laboral.
Por su parte, docentes y personal de la salud se movilizaron en diversas provincias, rechazando ciertas cláusulas de la nueva ley que implican evaluaciones obligatorias y posibles despidos.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la ley, sumándose a médicos y maestros en advertir que viola derechos laborales y afectaría la prestación de servicios públicos.
