Durante esta semana, el conflicto con los mineros informales cobró nuevas dimensiones. El 11 de julio se registró el primer fallecido en Arequipa producto de un enfrentamiento con la policía, en el marco del paro indefinido que mantenían bloqueadas varias vías en el sur del país. La presidenta Dina Boluarte y su ministro de Energía y Minas minimizaron las protestas, calificando los bloqueos como “ilícitos” y argumentando que los manifestantes están siendo usados con fines políticos por grupos de oposición.

En respuesta, el Ejecutivo convocó para el lunes 14 de julio una mesa técnica para discutir la formalización minera, pero la convocatoria ha estado rodeada de polémica. La Fiscalía fue excluida del diálogo, hecho que motivó una carta de queja de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien expresó su “preocupación y extrañeza” por no haber sido incluida en un tema tan crítico, ya que se advierte la penetración del crimen organizado en la actividad.

Además, el Ejecutivo dio un plazo de 15 días a los mineros para apelar su exclusión del REINFO, mecanismo clave en el proceso de formalización. Esta medida busca destrabar tensiones, pero también ha sido interpretada como una concesión política a los sectores movilizados.