El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se ha convertido en el epicentro de la polémica, con graves acusaciones en su contra. La Fiscalía lo investiga por presuntamente liderar una organización criminal que, según la entidad, habría cobrado al menos 180 mil dólares en sobornos. La situación se agrava con la presentación de una nueva denuncia constitucional que implica tanto a Santiváñez como a la jefa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Adriana Rodríguez. De acuerdo al documento remitido al Congreso de la República por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, Santiváñez fue denunciado como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.

Además de las denuncias por corrupción, Santiváñez es acusado de haber interferido directamente en las decisiones de la Policía Nacional. Se ha revelado que el ministro intervino en el pase al retiro de un general de la Policía para favorecer a una empresa minera, lo que refleja un presunto abuso de poder en su cargo. Esta serie de acusaciones pone en tela de juicio la integridad del ministro y refuerza la percepción de una gestión gubernamental que opera al margen de la ley, sumando más problemas para la presidenta Dina Boluarte.

En este contexto, Boluarte ha avanzado en un plan para que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La presidenta creó un grupo de trabajo para un proyecto de ley de «soberanía nacional», una medida que se interpreta como el inicio formal de un proceso para salir del sistema interamericano. Este plan ha sido criticado duramente por la Conferencia Episcopal Peruana, que lo ha calificado como una «ley contraria a la justicia» que fomenta la impunidad por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.