El gobierno de Gustavo Petro llega a la Asamblea General de la ONU con la descertificación norteamericana sobre la lucha antidrogas como telón de fondo principal, un golpe diplomático que, según informes, responde a indicadores como la cantidad de cultivos ilícitos, la producción de cocaína y que ha sido explicado por Washington como resultado de incumplimientos en programas antidrogas. En Nueva York el presidente recorrerá una amplia agenda: Palestina e Israel, narcotráfico, multilateralismo, cambio climático, inteligencia artificial y equidad de género. El mandatario viaja acompañado de una comitiva ministerial para usar la plataforma multilateral tanto para defender la gestión colombiana como para buscar solidaridad regional ante la postura estadounidense.
Petro ha respondido con dureza a la descertificación calificandola como “una grosería profunda” y denunció que Estados Unidos desestimó cifras oficiales, también señalado que el problema del narcotráfico no solo debe abordarse desde la militarización y la represión, sino también desde la legalidad, el desarrollo social y el respeto a los derechos humanos. Acusó además a sectores políticos colombianos con vínculos en Norteamérica en la búsqueda de la descertificación.
Su discurso en la ONU buscará, en lo diplomático y en lo público, revertir la narrativa y reclamar respeto a la soberanía técnica y política. En Bogotá la medida desató reacciones cruzadas: ministros y cercanos al gobierno critican la decisión del gobierno estadounidense por considerar que no valora los resultados de las incautaciones y las nuevas estrategias, mientras líderes de oposición plantean que la descertificación es consecuencia de errores de la administración colombiana y piden ajustes en la política antidrogas.
Washington, pese a la sanción política, ha señalado que garantizará la continuidad de la cooperación operativa en materia antidrogas, aunque condiciona esa colaboración a que Colombia corrija incumplimientos identificados, matiz que expone la distancia entre sanción política y cooperación práctica. En lo económico y simbólico, sectores como turismo y relaciones comerciales ya advierten sobre riesgos y costos reputacionales que podrían derivarse de la medida si se prolonga, un impacto que, según gremios, podría afectar flujo de viajeros y percepciones internacionales.
Mientras en el terreno de la seguridad se discuten consecuencias concretas como solicitudes estadounidenses relacionadas con extradiciones y, según algunos reportes, decisiones de Bogotá sobre compras de material bélico que apuntan a redefinir la dependencia militar con Estados Unidos. El resultado es una escena internacional y local polarizada, Petro busca convertir la tribuna de la ONU en un instrumento para virar la opinión internacional y tender alianzas regionales, la oposición capitaliza la medida como crítica a la gestión, y Estados Unidos mantiene una cooperación práctica con condiciones que ponen la pelota en la cancha del gobierno colombiano para demostrar, con datos y medidas, que puede responder a las preocupaciones sobre el narcotráfico.
