El Senado uruguayo aprobó el 15 de octubre la ley de Muerte Digna, que regula y garantiza el derecho de las personas a “transcurrir dignamente el proceso de morir” en casos de enfermedad incurable o sufrimiento extremo. La norma fue votada por el Frente Amplio, dos legisladores colorados y la nacionalista Graciela Bianchi, convirtiendo a Uruguay en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia por vía legislativa.

La ley establece que toda persona mayor de edad y psíquicamente apta podrá solicitar la eutanasia bajo estrictas condiciones médicas y con control de una junta profesional, garantizando la libertad y la voluntariedad del procedimiento.

El debate fue acompañado por organizaciones civiles como Empatía Uruguay y Tenemos ELA, que celebraron la sanción como un avance en autonomía y derechos humanos. Desde el oficialismo, Carolina Cosse destacó que el país “reafirma su compromiso con la dignidad y la libertad”, mientras sectores religiosos y conservadores expresaron su rechazo.

Las repercusiones internacionales fueron amplias: Amnistía Internacional y Human Rights Watch saludaron la decisión, mientras medios como El País y Le Monde calificaron la medida como “un paso civilizatorio” en el continente.