Rodrigo Paz asumió oficialmente la presidencia de Bolivia inaugurando una nueva etapa política signada por el giro a la derecha. En su discurso de asunción ofreció su diagnóstico de la realidad nacional “heredada”, calificando al país como una «cloaca de dimensiones extraordinarias«. Con este tipo de discursos Paz continuó posicionando su intención de reestructurar y reducir la institucionalidad estatal.
No obstante, el gobierno entrante tuvo que retroceder en algunas de sus apuestas, como reacción a la presión de la opinión pública y los gremios del país. Inicialmente se consideró el cierre de ciertas carteras, pero el vicepresidente Edman Lara rectificó y declaró que es importante mantener el Ministerio de Justicia, admitiendo que «nos equivocamos» y que la institución juega un rol esencial. Asimismo, el gobierno se vio obligado a retroceder en sus planes y anunciar que sí habrá un Ministerio de Minería, después de la presión ejercida por los asalariados y cooperativistas del sector.
Ahora bien, durante la posesión de su primer Gabinete de Ministros, el presidente Paz enfatizó que es momento de «darle espacio a la meritocracia», una declaración que buscó distanciar la designación de altos cargos de estrategias basadas en el reconocimiento de diversos sectores sociales. En efecto, su primer Gabinete está conformado sin líderes sociales y respaldado por empresarios, marcando una preferencia por el perfil de los miembros y representantes de las élites económicas bolivianas para ocupar las carteras de Estado. Este movimiento muestra las bases de sustentación política del nuevo gobierno y trae consigo el riesgo de que el Estado privilegie los intereses concentrados de la economía.
Adicionalmente, el gobierno de Paz continúa consolidando un giro significativo en la política exterior boliviana, buscando un alineamiento más cercano con Occidente y países aliados clave. Como parte de esta nueva etapa, Bolivia e Israel restablecieron relaciones diplomáticas tras 15 años de ruptura. Adicionalmente, el gobierno anunció la eliminación del requisito de visado para ciudadanos estadounidenses, una medida que reafirma el compromiso de Paz de fortalecer los lazos con Estados Unidos. Por su parte EEUU pide a Bolivia que revele supuestos pactos secretos celebrados entre Irán y los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
En materia de seguridad, el nuevo gobierno formalizó un cambio central en materia de narcotráfico. Se anunció la cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y agencias europeas, confirmando de hecho el retorno de la DEA al país después de años de ausencia. El “zar antidroga” boliviano, Ernesto Justiniano, justificó esta decisión al asegurar que en el país operan cárteles internacionales. De esta forma, Paz se alinea a la estrategia de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, colocando en el centro de la gestión política el tema de la seguridad y supuesto combate contra el narco-terrorismo.
En los primeros días de gestión, sin embargo, las tensiones entre Paz y Lara continuaron escalando, con repercusiones crecientes que amenazan la cohesión interna del gobierno recién investido. El vicepresidente Lara afirmó públicamente que «participará del gabinete y no permitirá que lo anulen«, lo que refleja una pugna por la influencia y el poder de decisión dentro del Ejecutivo. Además, Lara ha marcado un liderazgo propio, incluso haciendo declaraciones sobre la cuestión minera, un tema central para la economía e inserción internacional boliviana. En su primer acto oficial, el vicepresidente declaró que «el litio será riqueza de Potosí«, en un intento por asegurar el apoyo de dicha región y posicionar su postura respecto del destino del estratégico commodity.
