El jueves 27 de noviembre el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, anunció que el país solicitará la ayuda de Estados Unidos para combatir el crimen organizado y el contrabando de armas. Esta iniciativa surge en el marco de negociaciones comerciales bilaterales, y tras una reciente operación policial que desarticuló un esquema de evasión fiscal y lavado de dinero en el sector de los combustibles.
Según la investigación oficial citada por Haddad, las organizaciones criminales estarían usando fondos de inversión radicados en Delaware para blanquear dinero, y además estarían introduciendo armas ilegales desde EE. UU. hacia Brasil a través de contenedores de carga marítima. En uno de los mayores operativos recientes, se congelaron activos por más de 10 mil millones de reales (unos mil 900 millones de dólares), y se detectaron que más de 15 empresas offshore con sede en EE. UU. habían transferido fondos hacia Brasil para adquirir inmuebles o participar en empresas, por un total aproximado de mil millones de reales.
Haddad sostuvo que busca abrir un frente de trabajo bilateral para inhibir prácticas ilegales como lavado de dinero mediante paraísos fiscales y la exportación ilegal de armas. Y señaló que las recientes operaciones policiales no se limitan al sector energético, sino que apuntan también al entramado financiero que sustenta estructuras criminales.
En este escenario, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva impulsó el proyecto de ley conocido como PL Antifacção, una norma destinada a endurecer las sanciones contra las facciones criminales, tipificar la figura de “facção criminosa”, permitir la incautación de bienes, intervenir en empresas usadas para lavar dinero y ampliar el poder de investigación del Estado. Pero en la Cámara de Diputados el proyecto fue aprobado en una versión modificada por el relator Guilherme Derrite, con 370 votos a favor y 110 en contra. Con esto, se suman elementos que resultan señales de deterioro político: organizaciones ambientales y sectores progresistas alertaron que el Congreso se disponía a derribar los vetos presidenciales del llamado PL da Devastação, lo que debilitaría regulaciones ambientales clave. El jueves 27 de noviembre se promovió el mayor retroceso en legislación ambiental en el país con el rechazo a los vetos presidenciales.
A contraparte, tras sancionar la exención del Impuesto de Renta, Lula redobló su apuesta en la agenda social con nuevas medidas de gasto, pero la ausencia de los presidentes de la Cámara de Diputados, Hugo Motta; y del Senado, Davi Alcolumbre; en el acto oficial expuso la ruptura. Según reportó Folha de S.Paulo, la escalada alcanzó un punto crítico: el Congreso amenaza ahora con bloquear prioridades del gobierno, como la elaboración del Presupuesto 2026, la Propuesta de Enmienda Constitucional de Seguridad Pública y la aprobación de Jorge Messias para el Supremo Tribunal Federal (STF).
Alcolumbre, distanciado del Planalto, opera entre senadores para rechazar al candidato de Lula al STF y aprobó un proyecto de pensión diferenciada para los agentes comunitarios de salud con fuerte impacto fiscal para enviar una señal al Ejecutivo. Por su parte, Hugo Motta consolidó un bloque parlamentario de 275 diputados que reúne Partido Social Democrático (PSD), União Brasil, Progressitas (PP), Movimento Democrático Brasileiro (MDB) y Republicanos— capaz de aprobar urgencias y pautar la agenda sin depender de la izquierda ni de la derecha, fortaleciendo su autonomía frente al gobierno.
Entretanto, la prisión de preventiva de Jair Bolsonaro, dictada por Alexandre de Moraes bajo la acusación de haber intentando romper la tobillera electrónica con la que cumplía prisión domiciliaria, remarca la cierta pérdida de peso político del bolsonarismo hacia adentro del Congreso. El debate planteado sobre la amnistía ya está enmarcado en torno a las figuras presidenciables de la derecha brasileña que públicamente contra la prisión de Bolsonaro, construyen con la agenda del indulto un intento de transferencia de votos.
