El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por violar topes de financiación en más de seis mil millones de pesos (1,6 millones de dólares), tras una votación de seis a tres en Sala Plena, confirmando irregularidades como aportes no reportados de Fecode y la Unión Sindical Obrera, pagos a 30 mil 256 testigos electorales por 900 millones no declarados, y discrepancias en gastos de publicidad y transporte que superaron los límites en ambas vueltas electorales. Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, junto con la tesorera Lucy Aydee Mogollón y la auditora María Lucy Soto, enfrentan una multa conjunta por esa suma, mientras Colombia Humana y Unión Patriótica, parte del Pacto Histórico, recibieron sanciones individuales cercanas a 600 millones de pesos cada una. El Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela de Roa para suspender la decisión, al considerar que aún existen otras vías judiciales para impugnarla, y Roa anunció que presentará recursos como reposición para declarar caducidad del proceso.

La resolución generó reacciones polarizadas. El presidente Petro la desconoció públicamente, cuestionando por qué se computan gastos postelectorales como violación de topes y negando cualquier ingreso del narcotráfico, mientras revivió llamados a una Asamblea Nacional Constituyente y acusó sesgos políticos en el CNE. El ministro Armando Benedetti calificó el fallo como un «ataque político» por un conjuez ligado a Federico Gutiérrez, y desde el Pacto Histórico, figuras como Gloria Flórez y la Unión Patriótica lo tildaron de motivación no jurídica que busca destruir el «proyecto del cambio» en plena precampaña para 2026. Por su parte la oposición, con voces como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Jennifer Pedraza, celebró la decisión como prueba de irregularidades que contradicen promesas de transparencia, exigiendo informes completos de la UIAF y avance en investigaciones judiciales.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, integrada por Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (La U), recibió un impulso para indagar al presidente Petro, cuya responsabilidad no fue abordada por el CNE debido a su investidura, aunque ya recolectaron pruebas y esperan la providencia oficial para acelerar un borrador sobre posibles violaciones. Paralelamente, la Fiscalía abrió dos líneas por financiación prohibida y topes, evaluando a Roa en Ecopetrol, lo que eleva la presión sobre el entorno oficialista ante elecciones legislativas. Este fallo, tras 93 días de deliberación, reaviva debates sobre controles electorales y podría impactar la personería del Pacto Histórico, aún en vilo en el CNE.