El 27 de noviembre la justicia peruana emitió sentencias definitivas contra el expresidente Pedro Castillo y miembros de su gabinete por el supuesto intento de golpe de Estado. Castillo fue condenado a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. La Fiscalía había solicitado una pena de 34 años de cárcel.

Junto a Castillo, la ex primera ministra Betssy Chávez también fue sentenciada a 11 años de prisión, mientras que el exprimer ministro Aníbal Torres recibió una pena de 6 años por el mismo hecho. Estas sentencias ocurrieron poco después de que el Poder Judicial ordenara la ubicación y captura de Chávez a nivel nacional e internacional y dictara su prisión preventiva, agravando su situación legal.

Ahora bien, la situación de Betssy Chávez, refugiada en la Embajada de México, se convirtió en un foco de tensión política y diplomática tras la orden de su captura. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dirigió al presidente peruano José Jeri advirtiendo que «una intervención en la Embajada estaría fuera de toda norma». A esta advertencia se sumó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien amenazó con retirar su misión diplomática en Lima si Perú ingresa a la Embajada de México para capturar a Chávez.

Ante la preocupación por una posible incursión, la defensa de Chávez presentó un recurso de hábeas corpus para evitar un eventual ingreso de la Policía Nacional del Perú (PNP) a la embajada mexicana. Posteriormente, la Cancillería de México aseguró que el gobierno peruano respetará la inviolabilidad de sus inmuebles en Lima, aún cuando, en una entrevista, el presidente Jeri sostuvo que no se limita y que “si tiene que ingresar a la embajada mexicana, se hará”.

Esta situación sigue manteniendo la tensión entre ambas naciones, pudiendo replicar un escenario similar al ocurrido en Quito, cuando la policía ecuatoriana ingresó a la embajada mexicana para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glas.