En el terreno legislativo, esta semana se consolidó un avance clave en la política hídrica del país con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto que expide la nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, tras su aprobación en el Congreso de la Unión. La normativa, que entró en vigor el 12 de diciembre, redefine el marco regulatorio del agua en México en un contexto de creciente estrés hídrico en amplias regiones del país, priorizando el derecho humano al recurso para consumo personal y doméstico y estableciendo bases regulatorias para asegurar su acceso sustentable en todo el territorio nacional.
La reforma fue objeto de un intenso debate legislativo, con sesiones prolongadas en las que se expusieron tensiones entre el bloque oficialista y la oposición. Durante el proceso, sectores productivos y organizaciones del campo expresaron inquietudes sobre los posibles efectos de la nueva ley en sus actividades, aunque algunos de sus portavoces reconocieron la incorporación de aportes técnicos en la discusión. En ese sentido, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) señaló que el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional del Agua incorporaron propuestas construidas de manera conjunta y enriquecidas en foros y audiencias públicas en la Cámara de Diputados. Mientras legisladores del PRI y del PAN manifestaron su rechazo, al advertir que la norma podría afectar la propiedad privada y concentrar facultades en el Estado, el oficialismo defendió la iniciativa como una respuesta al mandato constitucional de garantizar el acceso al agua como derecho humano.
Con la nueva normativa, el gobierno afirma consolidar principios constitucionales al introducir mecanismos más estrictos sobre la asignación y manejo de concesiones, con especial atención a zonas de alta presión sobre el recurso y a la sustentabilidad hídrica de largo plazo. Su aprobación, en un escenario de preocupaciones sectoriales y protestas, abre una nueva etapa en la regulación del agua. La aplicación efectiva de la ley y el modo en que se procesen las tensiones entre el derecho humano al agua, la sustentabilidad y los usos productivos serán determinantes para evaluar su alcance real en el corto y mediano plazo.
