La violencia e inseguridad ciudadana continuaron escalando a pesar del estado de emergencia implementado por el gobierno de José Jeri. Un indicio del status fallido de la medida fue el asesinato de un exintegrante de la banda criminal «Los Pulpos» a tan solo dos cuadras de la casa del mismo presidente. Además, el inicio de la campaña electoral rumbo a las presidenciales de 2026 se vio empañado por dos atentados contra dirigentes políticos, que derivó en el asesinato de un candidato a la Cámara de Diputados.

Ante esta situación, Jeri optó por deslindarse de la situación, sosteniendo que la ola de inseguridad se debe a que «gracias a algunos ministros del Interior estamos así«, responsabilizando a anteriores gestiones por la crisis. El presidente realizó estas declaraciones en el marco de la IV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 2025 (CONASEC). Asimismo, el Ejecutivo también resaltó un incremento del 13% en seguridad para el presupuesto 2026, respecto al 2025. Sin embargo, pese al aumento de recursos, la criminalidad continúa siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas.

Como si fuera poco, la capacidad del Estado para enfrentar la escalada criminal se vio minada por un escándalo de corrupción que afectó a las instituciones encargadas del orden público y la justicia. Se reveló que de 950 servidores públicos detenidos por corrupción, 260 eran efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta grave situación institucional se correlaciona con la percepción ciudadana: según una encuesta de CPI, la Policía y la Fiscalía son las instituciones más rechazadas del Perú, lo que evidencia una profunda crisis de confianza pública en los pilares del sistema de seguridad y justicia del país.