En los primeros días de 2026, el gobierno de Gustavo Petro, oficializó a través de un decreto una modificación sustancial en la política fiscal del país al elevar la tarifa del impuesto al patrimonio al 5% para los patrimonios más altos, lo que sitúa a esa tasa como la más elevada del mundo para este tipo de gravamen. La medida forma parte de un paquete de decisiones bajo la figura de emergencia económica, adoptadas con el objetivo declarado de aumentar la recaudación fiscal para financiar el gasto social y atender un déficit presupuestario creciente.
El impuesto al patrimonio ahora se aplica de forma progresiva a partir de ciertos umbrales de patrimonio neto, comenzando en niveles relativamente moderados para personas naturales y alcanzando la tarifa máxima del 5% para quienes acumulan fortunas superiores al rango más alto establecido por la administración. El propio gobierno ha argumentado que el universo de contribuyentes alcanzado por el cambio representa una fracción reducida de la población, algo menos del 1% de los declarantes de renta, aunque sólo un núcleo muy pequeño estaría sujeto al nivel impositivo máximo.
La decisión generó inmediatas reacciones diversas tanto dentro como fuera de Colombia. Medios de comunicación destacan que la alza podría generar ingresos adicionales significativos que duplicarían las expectativas iniciales de recaudo. Sin embargo, también se advierte que la medida se da en un contexto de presión sobre las finanzas públicas, con la necesidad de cubrir brechas presupuestarias y estabilizar una economía que enfrenta tensiones estructurales.
Un informe de la organización Oxfam ubica a Colombia como uno de los países con mayor concentración de riqueza en América Latina, un fenómeno que se traduce en que un pequeño grupo de personas acumula una parte desproporcionada de los activos del país. El contexto de desigualdad señalado por Oxfam alimenta la discusión alrededor del impuesto al patrimonio como instrumento de política pública. Para los defensores de la progresividad tributaria, tasas más altas sobre grandes fortunas son mecanismos legítimos para corregir desequilibrios y generar recursos para servicios públicos esenciales. Para detractores, la implementación rápida y por decreto de cambios fiscales de esta magnitud puede crear incertidumbre jurídica y económica, con efectos colaterales sobre la inversión privada y las decisiones de ahorro o inversión de los agentes económicos.
