La política ecuatoriana se ha visto sacudida por una serie de operativos liderados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el marco del caso “Caja Chica», una investigación que apunta a presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de activos por parte de la Revolución Ciudadana (RC). El hito más crítico se produjo con el allanamiento de la vivienda de Luisa González, ex candidata presidencial del correismo. Esta acción judicial buscaba recabar evidencias sobre el presunto financiamiento irregular de su campaña de 2023, colocando a dicho movimiento político bajo presión judicial en el año pre-electoral.
En concreto, la fiscalía investiga a ocho figuras clave de la RC por un presunto esquema de lavado de dinero proveniente de Venezuela. Según las indagaciones, el esquema de financiamiento de la campaña de González habría contado con la colaboración de Santiago Díaz. Diaz es el exjefe de campaña del binomio González-Arauz, quien hoy se encuentra en prisión por violación y fue aislado por su partido. Las autoridades intentan determinar cómo estos recursos habrían ingresado al país para sostener la estructura política del movimiento, lo que involucra directamente a la cúpula partidista, incluido el expresidente Rafael Correa.
Esta situación ha provocado nuevas tensiones. Luego de asegurar que el partido no recibió dinero de Venezuela, Luisa González se deslindó de las responsabilidades administrativas del financiamiento, señalando directamente a Marcela Aguiñaga, quien presidía el movimiento durante la campaña de 2023. Aguiñaga, por su parte, ha respondido acusando a González de «pasarle la pelota» y realizar un cálculo político para salvar su imagen a costa de otros. Por su parte, el líder del movimiento, Rafael Correa, ha intervenido en la disputa criticando duramente a Marcela Aguinaga, afirmando que «nunca debió estar» en la RC y acusándola de priorizar sus propios cálculos políticos.
Con este nuevo proceso judicial, el anti correísmo espera afectar una vez más las aspiraciones electorales de la RC, no solo por la potencial afectación legal sobre las personas investigadas, sino también por la revitalización de la narrativa en materia de corrupción.
