La administración de Rodrigo Paz ha cumplido sus primeros 100 días de gobierno, siendo la eliminación definitiva del subsidio a los combustibles un primer cambio económico profundo. Si bien esta medida habría aportado a la estabilización de la moneda, también elevó el costo del transporte en un año que se espera hasta un 20% de inflación. Tal es así que, luego de varios días de protesta contra la medida, el gobierno anunció compensaciones frente al alza del costo de vida, como un bono para madres, niños y ancianos y un aumento del salario básico del orden del 20%.
Ahora, el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Legislativa una reforma tributaria que contempla varias medidas clave. Una de las propuestas más sensibles es la condonación total de las deudas tributarias de hasta un millón quinientos mil dólares, correspondientes a obligaciones generadas hasta diciembre de 2017. Para aquellos con deudas generadas a partir de enero de 2018, el plan contempla la eliminación de multas e intereses, junto con la implementación de planes de pago. También se plantea modificar la forma de tributar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajando la tasa efectiva del 15% al 13%. Los empresarios bolivianos han valorado positivamente esta iniciativa, aunque plantean que el desafío será garantizar que este nuevo sistema “no asfixie” la inversión privada, sino que la fomente.
Por otro lado, Paz ha propuesto formalmente la necesidad de actualizar la Ley General del Trabajo. El argumento gubernamental sostiene que la normativa vigente no responde a los retos del mercado actual ni a las nuevas dinámicas tecnológicas. Esta propuesta de reforma busca dotar al país de herramientas que permitan “aumentar la competitividad”, un paso que se alinea con la visión pro-mercado que el gobierno ha intentado proyectar desde su toma de posesión. La normativa ha sido históricamente defendida por la Central Obrera Boliviana (COB), considerándola como un pilar de los derechos sociales conquistados durante el siglo pasado.
Para sostener este proceso, el gobierno de Bolivia se encuentra en etapas avanzadas de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo es asegurar un préstamo de más de tres mil doscientos millones de dólares, un monto que se considera crítico para respaldar las reformas estructurales, como el fin de las subvenciones y la reestructuración tributaria, proporcionando el oxígeno financiero y político necesario mientras el gobierno espera que las nuevas políticas den los resultados que esperan.
