Organizaciones feministas y movimientos sociales entregaron al gobierno federal de Brasil un manifiesto firmado por más de 300 entidades con demandas de políticas públicas dirigidas a ampliar derechos y enfrentar desigualdades de género. El documento fue presentado en Brasilia ante la ministra de las Mujeres, Márcia Lopes, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, como parte de las movilizaciones previas al Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo.

El manifiesto fue elaborado por la Articulação Nacional do 8 de Março, una red que reúne 42 organizaciones feministas, sindicatos y movimientos populares de distintas regiones del país. El proceso de elaboración se desarrolló desde enero mediante reuniones y debates entre los colectivos participantes, que buscaron construir una agenda común para el movimiento feminista en 2026.

El documento presenta una serie de reivindicaciones dirigidas al gobierno federal en áreas como trabajo, combate a la violencia de género, derechos reproductivos, justicia racial y fortalecimiento democrático. Entre las propuestas centrales figura el fin de la escala laboral conocida como “6×1”, sistema que establece seis días de trabajo por uno de descanso. Las organizaciones sostienen que este esquema afecta de manera particular a las mujeres, que combinan trabajo remunerado con tareas domésticas y de cuidado.

Otro eje del manifiesto es el refuerzo de las políticas públicas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres. Las organizaciones plantean la creación de un fondo extratecho de 10 mil millones de reales (cerca de dos mil millones de dólares) destinado a financiar acciones coordinadas por el Ministerio de las Mujeres, además de la ampliación de la red de atención con centros especializados, casas de acogida y unidades del programa Casa da Mulher Brasileira.

En el área de derechos reproductivos, el documento incluye la defensa de la legalización del aborto como derecho fundamental y la ampliación del acceso seguro y humanizado al procedimiento en los casos ya previstos por la legislación brasileña. También propone políticas de reducción de daños y atención integral para víctimas de violencia sexual.

El texto incorpora además demandas relacionadas con la agenda social y ambiental, como la reactivación del Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos (Pronara), la promoción de la agroecología, la reforma agraria y la demarcación de tierras indígenas y quilombolas. En paralelo, plantea la necesidad de políticas permanentes de educación antirracista y medidas para reducir la letalidad contra la población negra.

La agenda del manifiesto también incluye posicionamientos sobre el debate público y la esfera digital. Las organizaciones expresaron preocupación por el crecimiento de discursos misóginos en redes sociales y reclamaron la regulación de las plataformas digitales, además de mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión del Estado.

Según representantes de los movimientos, el objetivo de la iniciativa es consolidar una plataforma común para las movilizaciones feministas previstas durante el año y ampliar el debate público sobre políticas de igualdad de género. Las manifestaciones programadas para el 8 de marzo en distintas ciudades del país se perfilan como la próxima instancia de visibilidad de estas demandas y como un momento de presión política para que el gobierno federal responda a las reivindicaciones presentadas.