El Senado chileno aprobó la etapa inicial de un proyecto de ley impulsado por senadores de derecha (Chile Vamos e independientes) que permite prisión domiciliaria total a condenados mayores de 70 años (hombres) o 65 (mujeres) con enfermedades terminales o graves discapacidades, beneficiando potencialmente a exagentes de la dictadura de Pinochet en Punta Peuco y Colina 1 por crímenes de lesa humanidad (homicidios, torturas, desapariciones). De 738 presos mayores de 70, 365 cumplen por lesa humanidad y 373 por delitos comunes (abusos sexuales, violaciones, homicidios).

El Gobierno de Gabriel Boric rechazó la norma como “día negro para la democracia”, que perjudica a familias de víctimas y permite excarcelar por delitos graves como femicidio o crimen organizado; Boric llamó a no retroceder en materia de derechos humanos. Defensores como Francisco Chahuán argumentan que la ley no extingue penas ni genera impunidad, sino garantiza derechos básicos cuando la prisión es inhumana. Críticos como José Miguel Insulza la tildan de “basura indigna” por liberar a 370 criminales sin arrepentimiento.