El 18 de marzo, el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dieron inicio formal en Washington a las negociaciones para la revisión del T-MEC, pautada para el próximo mes de julio. Los preparativos incluyeron reuniones técnicas previas entre equipos de ambos países, y el plan negociador —aprobado por la presidenta Sheinbaum— apunta a reducir la dependencia de importaciones externas al bloque, modernizar las reglas de origen y blindar la seguridad económica regional.
México llega a la mesa con una postura respaldada por una amplia consulta pública: el 78,5% de los 30 sectores económicos consultados en los 32 estados se manifestó a favor de renovar el acuerdo. Uno de los puntos de fricción más concretos que Ebrard colocó sobre la mesa es el arancel del 50% que Washington mantiene sobre el acero y el aluminio mexicanos vía Sección 232, pese a que Estados Unidos registra superávit comercial con México en esos rubros. “Es absurdo. Es violatorio al tratado y a la lógica comercial”, sentenció el secretario.
Al término de la primera ronda, ambas partes acordaron una secuencia regular de reuniones de cara a la revisión conjunta del 1° de julio. El factor China sobrevuela toda la negociación: Washington presiona para que el tratado no funcione como puerta de entrada de insumos asiáticos al mercado estadounidense, mientras México defiende su capacidad de diversificar proveedores sin comprometer la integración regional.
