El Gobierno de Paraguay planteará la reincorporación plena de Venezuela al Mercosur, en el marco de un escenario regional en el que distintos países impulsan redefiniciones en la integración sudamericana. La propuesta se vincula con recientes movimientos diplomáticos y con el interés de reconfigurar el bloque en un contexto de ampliación y nuevos acuerdos comerciales.

Venezuela había sido incorporada como miembro pleno del Mercosur en 2012, pero fue suspendida en 2017 tras la aplicación de la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia, debido a la represión de protestas opositoras y a la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte del gobierno de Nicolás Maduro que desplazó al parlamento controlado por la oposición. Desde entonces, su participación en el bloque quedó interrumpida, generando tensiones políticas entre los países miembros.

Actualmente el tema vuelve a cobrar relevancia a partir de la intención paraguaya de promover su retorno pleno, en un contexto en el que otros países también evalúan redefinir su relación con el Mercosur. En particular, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció recientemente que su país —hasta ahora Estado asociado— junto con Venezuela solicitarán su incorporación plena al bloque regional, lo que abre un nuevo escenario político e institucional en Sudamérica.

El debate sobre la reincorporación venezolana también se produce en paralelo con la consolidación de la agenda externa del Mercosur, especialmente tras la firma de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que prevé la creación de un mercado ampliado de más de 700 millones de consumidores. Este tratado comenzará a aplicarse de manera provisional una vez que sea ratificado por los parlamentos nacionales de los países miembros, lo que refuerza la relevancia estratégica del bloque en la inserción internacional de la región.

En este contexto, Paraguay busca impulsar una discusión sobre la ampliación y la normalización institucional del Mercosur, incluyendo la situación de Venezuela, cuya exclusión ha sido un factor de división política interna en el bloque durante los últimos años. La eventual reincorporación implicaría revisar las condiciones políticas que motivaron su suspensión y evaluar el estado actual del cumplimiento de los compromisos democráticos establecidos por el Protocolo de Ushuaia.