El fallo de la Corte de Apelaciones de Columbia Británica del 2 de abril volvió a colocar en el centro una de las disputas más sensibles de Canadá: la tierra. En el caso de la Nación Nuchatlaht, el tribunal corrigió la sentencia previa (The Nuchatlaht v. British Columbia) y reconoció el título aborigen sobre la totalidad de las 210 km² reclamadas en Nootka Island, al considerar que el límite fijado antes era “arbitrario”. La decisión fortalece la posición de las comunidades indígenas en los litigios territoriales y marca un precedente político de peso en una provincia donde muchas demandas siguen abiertas.
Sin embargo, la semana también mostró el movimiento inverso. Casi en simultáneo, el gobierno de David Eby abrió la posibilidad de suspender por hasta tres años partes de la ley provincial que implementa la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Según la información conocida hasta ahora, la suspensión alcanzaría secciones ligadas a la obligación de alinear las leyes provinciales con esa declaración y a la forma en que esas normas deben interpretarse, una señal que fue leída por varias Primeras Naciones como un retroceso político y jurídico. En Canadá, los derechos indígenas están reconocidos constitucionalmente desde 1982 a través de la Section 35, pero en los hechos buena parte de esas garantías todavía debe hacerse valer en tribunales, negociaciones y conflictos por jurisdicción, recursos y control del territorio. Es decir: el reconocimiento legal existe, pero su aplicación sigue siendo desigual y, muchas veces, lenta.
La relación entre el Estado canadiense y los pueblos originarios sigue marcada por problemas de bienestar infantil, acceso a servicios básicos y condiciones de vida en comunidades remotas: esta misma semana se confirmó en Ontario un acuerdo de 8 mil 500 millones de dólares canadienses (6 millones 94 mil 202 dólares estadounidenses) para reformar el sistema de infancia de las First Nations, mientras que al 27 de marzo seguían vigentes 41 alertas de agua potable de largo plazo en 38 comunidades. El avance judicial en Columbia Británica, entonces, no cierra el problema: apenas muestra que la cuestión indígena continúa siendo uno de los frentes más activos de la política canadiense.
