El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó que las elecciones seccionales se llevarán a cabo el 29 de noviembre de 2026. Esta decisión implica un adelanto significativo respecto a las fechas originalmente previstas para febrero de 2027. En este proceso, la ciudadanía deberá elegir alcaldes, prefectos y a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), lo que redefine el mapa de poder local para los próximos años.

La justificación esgrimida por el CNE se basa en la supuesta gestión de riesgos naturales. El vicepresidente del organismo, Enrique Pita, ha defendido el cambio de fecha citando informes meteorológicos que proyectan un impacto severo del Fenómeno de El Niño y la temporada invernal en 17 provincias del país. Según las autoridades, mantener el calendario original habría puesto en riesgo la logística electoral y el acceso de los votantes a los recintos debido a posibles inundaciones y daños en la infraestructura vial.

La modificación del calendario ha sido recibida con hostilidad por bloques opositores. El Partido Social Cristiano (PSC) calificó la medida como un «atropello a la democracia» y ha liderado una ofensiva legal, presentando demandas tanto ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) como ante la Corte Constitucional (CC). Por su parte, la Revolución Ciudadana (RC) también ha acudido a las instancias judiciales para frenar el cambio, argumentando que el adelanto beneficia injustamente al oficialismo y altera las reglas del juego democrático previamente establecidas.

Hasta el momento, se han contabilizado al menos seis acciones legales interpuestas contra el CNE. La CC ha confirmado que examinará la legalidad del adelanto de las seccionales, mientras que organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la falta de consenso en una decisión que afecta la planificación de todos los partidos políticos. Esta incertidumbre jurídica ha generado un ambiente de «espera tensa», ya que un fallo en contra del CNE obligaría a una nueva reestructuración de fechas.

La premura del nuevo calendario ha forzado a los movimientos políticos a acelerar sus definiciones. Dentro del correísmo, el panorama es complejo, pues el partido está calculando el número de desafiliaciones necesarias para permitir que ciertos cuadros compitan bajo nuevas alianzas o plataformas, ajustándose a las normativas vigentes. Es válido recordar que, en marzo, el TCE suspendió a la RC del registro de organizaciones políticas por seis meses, prohibiendo la realización de ciertas actividades partidarias. La vigencia de esa suspensión podría implicar que el correísmo no pueda participar de las elecciones de noviembre por sus propios medios.

Pese a las dificultades, el correísmo ya perfila nombres clave. Pabel Muñoz aparece como precandidato para la Alcaldía de Quito, buscando la reelección. No obstante, las dudas sobre el cambio de fechas por parte del CNE persisten entre los candidatos y los votantes, complicando la planificación de las campañas y la recaudación de fondos electorales en un periodo de tiempo más corto del esperado.