El Congreso colombiano enfrenta un cierre de legislatura marcado por el estancamiento de múltiples proyectos clave del Gobierno, mientras la campaña presidencial absorbe la atención de los parlamentarios a escasos dos meses del 20 de junio, último día de sesiones ordinarias. Varios de estos pendientes incluyen la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, un marco de sometimiento para bandas criminales, el salvavidas presupuestal del Ministerio de la Igualdad, cuya gestión ha sido criticada por el presidente Gustavo Petro por errores iniciales y disputas internas, la ley de competencias para reformar el Sistema General de Participaciones y elevar transferencias territoriales al 39,5% transicional desde 2027, así como reformas al Icetex, tarifas de energía y la apelación de la reforma a la salud hundida en la Comisión Séptima del Senado. En este contexto de parálisis legislativa, Petro anunció la presentación urgente de una nueva ley de financiamiento para cubrir el desfinanciamiento de 16 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación, tras el fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la emergencia económica de diciembre de 2025, por falta de carácter sobreviniente en siete de ocho eventos invocados, como el encarecimiento de la deuda y crisis climática, lo que ha elevado las tasas de interés de 7% a 13% y transferido riqueza al sector financiero, según el mandatario. La propuesta, que recoge medidas de la emergencia suspendida y prioriza gasto social sobre transferencias a sectores pudientes, prohibiendo recortes constitucionales, generó rechazo inmediato del Partido Conservador, que la califica de «maniobra electoral irresponsable para imponer más impuestos a familias» en plena campaña.