El tablero electoral de Ecuador en 2026 se encuentra en un estado de tensión y reconfiguración, caracterizado por una serie de maniobras institucionales que parecen estar diseñadas para limitar la participación de actores políticos y sociales específicos. Tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) han activado mecanismos de sanción y fiscalización que han golpeado directamente a la Revolución Ciudadana (RC) principal fuerza de oposición y a movimientos sociales de cara a las elecciones seccionales de noviembre.

La medida más severa fue tomada contra la RC, que ha sido suspendida por el CNE por un periodo de nueve meses. Esta medida, fundamentada en investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre presunto lavado de activos y manejo irregular de cuentas, dejaría a la organización fuera de la contienda electoral de noviembre. Ante este escenario, la dirigencia del partido ha acudido al TCE para solicitar que se deje sin efecto la suspensión, calificándola como un intento de proscripción política justo antes del inicio de las fases decisivas del calendario electoral.

Las barreras institucionales y medidas de disciplinamiento no se limitan a los partidos, sino que se han extendido a los movimientos sociales y de la sociedad civil. El TCE ha impuesto una multa de 18 mil dólares a los dirigentes del colectivo Yasunidos por supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña de la Consulta Popular del 2023. Al mismo tiempo, el CNE ha iniciado una serie de denuncias contra las cuentas de campaña de diversos partidos y movimientos, utilizando la fiscalización de fondos pasados como un instrumento de presión que limita la capacidad operativa y financiera de estos grupos de cara a los nuevos comicios seccionales.

Ahora bien, el conflicto sobre el calendario electoral añade una capa adicional de incertidumbre. El Partido Social Cristiano (PSC) ha buscado frenar el adelanto de las elecciones seccionales a noviembre, alegando que el cambio de fecha vulnera la planificación de las organizaciones políticas. No obstante, el TCE ha emitido sentencias que mantienen la validez de los actos del CNE respecto al cronograma, consolidando una fecha que obliga a los partidos a acelerar sus procesos de selección interna y alianzas en un entorno donde las sanciones administrativas y las suspensiones judiciales se han convertido en los principales obstáculos para la competencia política.

En este escenario, el gobierno de Daniel Noboa continúa impulsando reformas constitucionales para modificar la estructura del Estado. En el marco de la elección de noviembre, Noboa pretende cambiar el mecanismo de elección de las autoridades de control, restando competencias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para trasladarlas a la Asamblea Nacional. Esta estrategia permitiría al Ejecutivo centralizar o filtrar a quienes ocupan los cargos de fiscalización y control en el país. Con los partidos y movimientos de oposición limitados, el gobierno espera conquistar más cargos locales y lograr dicho cambio en la estructura del poder estatal.