Sin embargo, hay que señalar que las prioridades de los encuestados están directamente vinculadas a sus posiciones políticas. Los votantes de lo que fue la coalición opositora están más preocupados por la inseguridad, mientras que los del FA y los votantes menos politizados se dividen entre la economía y la inseguridad. Pero no solo la afinidad política importa cuando se habla de los principales problemas. También incide la realidad cotidiana y allí adquiere relevancia el lugar de residencia. El desempleo preocupa más en el interior del país, mientras que en la zona metropolitana (Montevideo y Canelones) la inseguridad es el principal problema mencionado, con una amplia diferencia sobre el resto del territorio.

Esta diferenciación entre el interior y el centro también tiene su correlato en el comercio. La Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay indicó que ocho de los 15 rubros analizados por su organización registraron caídas o estancamientos en sus ventas en términos reales, al tiempo que los otros siete crecieron. Es decir, cerraron un año de “crecimiento magro”, según dijo la asesora Ana Laura Fernández. Si se divide la información por regiones, las ventas en la capital, Montevideo, crecieron un 1,1%, mientras que en el interior del país cayeron un 3,1%.

El gobierno reconoce que la situación no es la ideal y sostiene que Lacalle Pou escondió la magnitud de la crisis económica, principalmente el tamaño del déficit fiscal. Recientemente, el presidente del FA, el sindicalista Fernando Pereira, explicó en el programa Al Weso que al asumir encontraron una “deuda en el Estado” que no esperaban. Lacalle Pou hablaba de un déficit en torno al 2%, pero Orsi dijo que heredó uno por encima del 4%. Además, el oficialismo reconoce que el contexto internacional hizo que Uruguay tuviera que ajustar sus previsiones. 

En ese marco, una de las medidas de Orsi fue acordar el año pasado con todos los departamentos una transferencia de recursos histórica —según definió el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Rodrigo Arim— por cerca de 800 millones de dólares anuales. Orsi, que tiene encima la experiencia de haber manejado la intendencia de Canelones y lo que significa negociar recursos con el Ejecutivo nacional, avanzó en esta promesa de campaña para lograr de a poco una descentralización del gobierno.

Una de las principales medidas económicas que tomó el oficialismo para enfrentar la crisis fiscal que heredó —y que resultó antipática para la opinión pública— fue la aprobación de una serie de impuestos. Si bien son progresivos, el gobierno enfrentó duras críticas porque basó su campaña en la promesa de no crear nuevos tributos. Además, dentro de las filas del FA surgieron señalamientos porque Orsi no se decidió por implementar el impuesto al 1% más rico de la sociedad, una propuesta que impulsó el senador frenteamplista Gustavo González y que fue apoyada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), que aglutina a la casi totalidad de las centrales sindicales de Uruguay. “Comparto la dirección a la que apunta”, había dicho Castillo sobre la propuesta.