En un anuncio conjunto con la DEA, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó el 29 de abril cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos —entre ellos autoridades de alto nivel en materia de seguridad y procuración de justicia en el estado— por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa, específicamente con “Los Chapitos”. Las acusaciones incluyen narcotráfico, tráfico de armas y conspiración, además de delitos violentos vinculados a las operaciones del cártel. La Cancillería mexicana recibió el 28 de abril diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición, que fueron remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación conforme a la legislación mexicana.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió el 30 de abril con una declaración formal estructurada en torno a tres ejes: transparencia, soberanía y condicionamiento probatorio. Señaló que su gobierno no encubrirá a nadie que haya cometido un delito, pero condicionó cualquier acción a que la FGR reciba pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana. Cuestionó públicamente al embajador estadounidense en México Ronald Johnson, quien había publicado un mensaje en redes sociales sobre corrupción y rendición de cuentas: “Un embajador no puede tener una actitud injerencista”, afirmó. Y fue categórica en su rechazo a cualquier forma de presión externa: “Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
El episodio se inscribe en una secuencia de acciones de Washington que, desde inicios de 2026, ha incluido designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra figuras vinculadas al partido gobernante Morena y acusaciones del Departamento de Justicia contra funcionarios en activo, configurando una presión sostenida sobre las decisiones soberanas de México en materia de persecución penal. La acusación contra Rocha Moya —un gobernador en funciones— llevó a Sheinbaum a encuadrar su respuesta en términos de principio antes que de conveniencia: “actuaría de la misma manera tratándose de un gobernador del PRI, del PAN o de Movimiento Ciudadano”, afirmó, subrayando que la defensa de la soberanía y la exigencia de pruebas son criterios institucionales, no políticos.
