El presidente de Perú, José María Balcázar, se ratificó en su postura crítica frente a la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, señalando que, aunque no estaba de acuerdo con concretar esa adquisición durante su gobierno de transición, el contrato ya no podía detenerse. Explicó que la decisión venía de gestiones anteriores y que, una vez avanzado el proceso, revertirlo habría implicado incumplimientos internacionales y consecuencias para el Estado.

La controversia por la compra de 24 aviones de combate desató una crisis política en el país. Balcázar había sostenido que una decisión de ese nivel debía ser tomada por el próximo gobierno, dado el carácter temporal de su mandato. Sin embargo, se reveló que el contrato ya había sido firmado por instancias del Ejecutivo, lo que generó cuestionamientos sobre el control del mandatario en la operación.

El caso provocó la renuncia del ministro de Defensa y del canciller, quienes afirmaron que el acuerdo ya estaba en marcha y que el presidente tenía conocimiento de ello. Incluso se realizó un primer pago, lo que terminó por confirmar que el proceso era irreversible en la práctica.

Ante las críticas, Balcázar defendió que no había mentido y sostuvo que su posición siempre fue que el contrato debía respetarse, pero que su ejecución y continuidad correspondían al siguiente gobierno. También enfatizó que su administración no debía comprometer recursos en decisiones de largo plazo, aunque reconoció que la operación ya estaba en curso.

El episodio evidenció tensiones internas en el Ejecutivo y debilitó la imagen del presidente, al mostrar contradicciones entre su discurso público y las acciones del propio gobierno. Además, abrió un debate sobre la transparencia en decisiones estratégicas de defensa y el alcance real del poder presidencial en contextos de crisis política.