El movimiento secesionista de Alberta alcanzó esta semana un hito formal. El grupo Stay Free Alberta anunció el lunes que presentó ante Elections Alberta cerca de 302 mil firmas —muy por encima de las 178 mil requeridas— para que la provincia considere la convocatoria a un referéndum de independencia. La pregunta propuesta es directa: si Alberta debe dejar de ser parte de Canadá para convertirse en un Estado independiente. Las firmas deben ser verificadas por la autoridad electoral, pero ese proceso se encuentra suspendido por un recurso judicial presentado por Primeras Naciones de Alberta, que argumentan que la separación violaría derechos establecidos por tratados. Se espera una resolución judicial en los próximos días.

La primera ministra provincial, Danielle Smith, ha dicho que si la petición ciudadana reúne los requisitos, su gobierno respetará el proceso democrático e incluirá la pregunta en una consulta, aunque ella misma no apoya la independencia. Si se habilita el referéndum, podría celebrarse tan pronto como octubre.

El avance de la petición secesionista es inseparable de un malestar más profundo. Alberta, la principal provincia petrolera del país, acumula años de tensión con Ottawa por regulaciones ambientales y políticas climáticas federales que el sector energético considera un freno a la inversión. Esta semana, el CEO de Cenovus Energy advirtió que la conversación nacional sobre el desarrollo del petróleo se ha vuelto “miope” en su enfoque climático, lo que ha vuelto a Canadá poco competitivo para la inversión en recursos. Paralelamente, grupos ambientalistas escribieron al primer ministro para advertir sobre un retroceso discursivo en materia de restricciones al sector energético. Esa fractura entre visiones económicas y climáticas atraviesa la crisis de cohesión federal.

En ese contexto, el primer ministro Mark Carney realizó dos importantes movimientos institucionales. El martes anunció que el rey Carlos III aprobó la designación de Louise Arbour como nueva gobernadora general, la número 31 desde la Confederación. Arbour, de 79 años, es una jurista de enorme prestigio internacional: ex jueza de la Corte Suprema de Canadá, ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y ex fiscal jefe de los tribunales penales internacionales para Ruanda y la ex Yugoslavia. La elección fue leída como una apuesta por la estabilidad constitucional en un momento de tensión territorial. Arbour será juramentada en junio, sucediendo a Mary Simon, primera persona indígena en ocupar el cargo.