A pocas semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, el escenario político y de seguridad atraviesa un momento de alta tensión atravesado por denuncias de presiones de grupos armados y cuestionamientos al proceso de paz. En ese contexto, la violencia de actores ilegales volvió a instalarse en el centro del debate público y electoral.

Uno de los ejes de la discusión surgió a partir de las denuncias realizadas por el candidato presidencial Iván Cepeda, quien aseguró haber recibido reportes sobre amenazas, hostigamientos y presiones ejercidas por organizaciones armadas ilegales para influir en el voto de la ciudadanía, tanto a favor como en contra de determinadas candidaturas. Según explicó, la información habría llegado a través de organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo. Cepeda rechazó cualquier respaldo proveniente de estructuras criminales y pidió que los responsables sean investigados y sancionados. Sus declaraciones abrieron una nueva confrontación política con la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien había denunciado sobre presuntas presiones armadas en favor del aspirante del Pacto Histórico. La discusión escaló en medio de un clima de polarización creciente entre sectores oficialistas y de oposición.

Las advertencias sobre riesgos de seguridad han aumentado durante las últimas semanas y alcanzan tanto a dirigentes del oficialismo como de la oposición. La preocupación se profundizó luego de que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea iniciara su despliegue en Colombia en medio de alertas por la situación de violencia en varias regiones del país y por posibles afectaciones a las garantías electorales.

La situación se agravó por acciones recientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), especialmente tras la difusión de un “juicio revolucionario” realizado por esa guerrilla contra funcionarios del CTI y miembros de la Policía secuestrados. El episodio generó un fuerte rechazo de la Corte Suprema, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y sectores políticos de distintas corrientes, que exigieron la liberación inmediata e incondicional de los retenidos. La delegación del Gobierno encargada de los diálogos de paz también rechazó públicamente el procedimiento realizado por el ELN y solicitó la liberación de los secuestrados sin condicionamientos. La guerrilla, mientras tanto, volvió a insistir en la idea de un “acuerdo nacional” con el próximo gobierno, aunque sus acciones armadas y secuestros continúan generando cuestionamientos sobre la viabilidad de eventuales negociaciones.

En paralelo, las diferencias internas alrededor de la política de “Paz Total” impulsada por el presidente Gustavo Petro también quedaron expuestas. Armando Novoa, integrante de los procesos de negociación, respondió a las críticas formuladas por el mandatario para algunos negociadores y defendió el trabajo realizado en las conversaciones con grupos armados, asegurando que no consideran haber incurrido en errores. Tensiones reflejan las dificultades que atraviesa la estrategia gubernamental frente a organizaciones ilegales en momentos en que persisten secuestros, enfrentamientos armados y disputas territoriales.