El Gobierno de Gustavo Petro ha decidido impulsar la implementación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para concentrar a integrantes de distintos grupos armados que adelantan procesos de negociación dentro del marco de la política de “Paz Total”, un esquema que se viene debatiendo en los últimos años como parte central de su propuesta de seguridad. Estas zonas pretenden funcionar como espacios de transición, donde los combatientes se concentran en lugares definidos, con cierta coordinación con las fuerzas estatales y organismos de verificación, mientras se discuten condiciones de desmovilización, sometimiento a la justicia y desmantelamiento de las economías ilícitas que sostienen a esas estructuras.

En el caso del Clan del Golfo se ha avanzado en el diseño de una Zona de Ubicación Temporal que permitiría concentrar a un importante número de integrantes en áreas específicas del país, con el objetivo de reducir su presencia en zonas urbanas y de frontera y facilitar el control militar sobre movimientos y armamento. Al mismo tiempo, el gobierno ha señalado que personas con órdenes de captura con fines de extradición, como algunos de sus líderes más conocidos, no ingresarían de forma inmediata a estas zonas, una condición que busca compatibilizar la negociación con el cumplimiento de compromisos internacionales, especialmente frente a Estados Unidos, y con la presión de la Fiscalía para mantener órdenes de captura vigentes.

La discusión sobre qué jefes con órdenes de extradición podrían eventualmente formar parte de las ZUT o quedarse al margen ha generado tensiones entre el Ejecutivo y la Fiscalía General, que ha insistido en que la suspensión de capturas no puede ser automática y debe pasar por la verificación de requisitos legales sobre el progreso real de los procesos de paz. Por su parte, la Casa de Nariño sostiene que el presidente tiene la facultad de definir, dentro de un marco normativo específico, cuándo un proceso de paz se considera “avanzado”, argumento que profundiza el debate institucional sobre los límites y alcances de la política de Paz Total.

En paralelo, el gobierno ha avanzado en la definición de zonas de ubicación con otros grupos, como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y Comuneros del Sur, donde se busca coordinar la concentración de integrantes en territorios específicos, también con la idea de facilitar el diálogo, el control armamentístico y la eventual integración a la vida civil. El Ejecutivo ha expresado el deseo de que algunos de estos acuerdos se formalicen en lo que queda del mandato de Gustavo Petro, lo que convierte las ZUT en un instrumento central para la consolidación de la política de paz total y en un eje de debate en la recta final de la administración, especialmente en un contexto electoral.

En simultáneo, el presidente ha confirmado la realización de operaciones militares de alto impacto, como el bombardeo al comando central del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ejecutado en coordinación con el gobierno de Venezuela, un hecho que evidencia una estrategia de doble frente: por un lado, la apertura de espacios de negociación y concentración para grupos dispuestos a dejar las armas, y por otro, la reafirmación de capacidad coercitiva frente a organizaciones que se resisten a los acuerdos o que incumplen compromisos humanitarios. Este despliegue refuerza la percepción de que el gobierno intenta combinar incentivos institucionales con presión militar para avanzar en la “Paz Total”, aunque también genera interrogantes sobre la viabilidad de garantizar seguridad y diálogo en regiones donde la violencia persiste.