Continúan las divisiones en el Congreso peruano sobre la derogatoria de la ley de crimen organizado. Mientras algunas bancadas defienden su continuidad, otros legisladores critican la normativa por considerarla ineficaz. Además, se ha aprobado un dictamen que aumenta las penas por amenazas, reflejando un intento por endurecer las sanciones penales.