Bolivia se encuentra en una profunda crisis económica, política y social que cristalizó en un ciclo de conflictividad protagonizado por masivas y heterogéneas movilizaciones cuyas demandas transversales sitúan la responsabilidad del deterioro nacional en la gestión del presidente Rodrigo Paz.

La semana pasada la sede del gobierno se convirtió en el epicentro de la confrontación entre civiles y las fuerzas del orden, registrándose usos excesivos de la fuerza policial ante la determinación de los manifestantes por quebrar los cercos de seguridad y alcanzar la Plaza Murillo. Diversas bases gremiales y sindicales, con el liderazgo de la Central Obrera Boliviana (COB), han evidenciado una ruptura absoluta de la confianza hacia el Ejecutivo: los trabajadores fabriles marcharon rechazando cualquier posibilidad de entablar negociaciones y exigiendo la dimisión presidencial; los maestros rurales de Oruro y La Paz desconocieron de manera formal los intentos de pacto promovidos por el aparato estatal; y la organización de los Ponchos Rojos advirtió de forma abierta que la movilización no contemplaba un carácter dialógico, sino el objetivo expreso de deponer al gobierno. Esta expresión popular se reavivó durante las jornadas posteriores, materializándose el 21 y 22 de mayo en multitudinarias marchas que descendieron desde El Alto para ratificar ante las puertas del palacio presidencial la exigencia de renuncia del presidente Paz.

La extensión geográfica y el impacto logístico y económico de las movilizaciones reflejan el arraigo de las demandas sociales. Hacia el 19 de mayo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) contabilizó un total de 45 puntos de bloqueo activos y consolidados a lo largo de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro. Las directrices gubernamentales para forzar el despeje de las vías mediante el uso de destacamentos armados provocaron severos choques en las rutas; la Armada reportó ataques directos contra vehículos militares y al menos un efectivo uniformado herido en los operativos. Esta interrupción prolongada en las redes de transporte terrestre asfixió económicamente a los grandes centros urbanos, ocasionando que los mercados principales vaciaran sus puestos ante la escasez de insumos de primera necesidad.

El desabastecimiento generalizado desbordó por completo las previsiones del Ejecutivo, haciendo indispensable la intervención humanitaria de emergencia. En este punto, ciertos gobiernos de la región encontraron su oportunidad para intervenir en el conflicto. El gobierno de Javier Milei dispuso el envío de una aeronave Hércules provista de alimentos esenciales, una acción a la que se integró de forma paralela el envío de asistencia por parte de Chile para paliar la carestía que sufre La Paz. Los opositores a Paz creen que estos apoyos tuvieron un matiz más represivo que humanitario. De hecho, el ex presidente Evo Morales denunció una presunta cooperación militar encubierta de Argentina con el gobierno de Paz, aseveración que fue desmentida por la Casa Rosada.

En lugar de atender los reclamos estructurales, el Gobierno ha respondido mediante mecanismos de criminalización de la protesta y la judicialización de sus dirigentes. El lunes 18 de mayo, el Ministerio Público emitió mandamientos oficiales de aprehensión en contra de Juan Carlos Argollo, principal representante de la COB, haciendo extensiva la orden de captura a otros 24 líderes sindicales, una ofensiva legal reforzada un día después con la creación de un equipo de fiscales especializado en investigar las movilizaciones. Esta estrategia represiva fue rechazada por el vicepresidente, Edmand Lara, quien en coordinación con la bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) instó al mandatario a frenar las detenciones y a escuchar genuinamente las demandas de la COB.

Tras confirmarse institucionalmente que Argollo debió refugiarse en la clandestinidad para evadir su detención, el propio dirigente sindical rompió el silencio emitiendo un pronunciamiento desde el anonimato donde denunció una sistemática persecución estatal y convocó formalmente al pueblo boliviano a masificar e intensificar las medidas de protesta. Ante la ineficacia de las detenciones para contener la movilización, el Ministerio de Defensa y los altos mandos de las Fuerzas Armadas endurecieron su postura discursiva denunciando penalmente la presunta presencia de grupos irregulares con armamento bélico, un giro discursivo que busca reconfigurar el conflicto civil como una amenaza armada.

La debilidad institucional del Ejecutivo se ha evidenciado en la ineficacia de sus respuestas para pacificar al país. El 20 de mayo, tras una masiva jornada de movilizaciones campesinas que el oficialismo denunció como una amenaza al orden democrático, el presidente Paz emitió un mensaje formal anunciando un reordenamiento general de su gabinete de ministros y la creación de un Consejo Económico y Social con el fin de abrir espacios de acuerdo hacia nuevos sectores. No obstante, las organizaciones sindicales interpretaron estas concesiones como paliativos insuficientes que evadían las responsabilidades de fondo, impulsando a la COB a rechazar las propuestas y seguir impulsado la dinámica contenciosa. Y es que al cierre del presente reporte sólo el ministro de Trabajo, Edgar Morales Mamani, presentó su renuncia irrevocable al cargo debido a los conflictos.

El prolongado quiebre de la estabilidad interna también ha provocado repercusiones y una reacción del entramado geopolítico. El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, catalogó formalmente la crisis boliviana como una «insurrección popular», términos que el presidente Paz rechazó de manera enfática catalogándolos como una agresión directa a la soberanía boliviana. En represalia, la Cancillería boliviana declaró persona non grata a la embajadora colombiana, lo que gatilló una respuesta recíproca de Bogotá expulsando al encargado de negocios de Bolivia. Por su parte, el Gobierno de México exhortó al diálogo y rechazó cualquier tipo de injerencia externa en los asuntos bolivianos. Por otro lado, la administración de Paz recibió respaldos formales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos. En concreto, Marco Rubio condenó presuntas acciones desestabilizadoras financiadas por “economías ilegales”, advirtiendo que ningún presidente democrático sería “derrocado” por narcotraficantes. Finalmente, en un pronunciamiento conjunto, ocho países de la región —Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú— se expresaron en favor del orden democrático.

Mientras la política nacional e internacional ya movieron sus fichas, al día de la fecha, y con al menos cuatro muertos en el contexto de las movilizaciones, el conflicto no parece encontrar una salida clara.