La agencia Standard & Poor’s elevó la calificación de la deuda soberana argentina en moneda extranjera de CCC+ a B-, una decisión que fue interpretada por el Gobierno y por diversos actores del mercado como un respaldo a la estrategia de estabilización macroeconómica impulsada por la administración de Javier Milei. La mejora se sumó a una recalificación previa realizada por Fitch Ratings y estuvo acompañada por una fuerte caída del riesgo país, que descendió a su nivel más bajo desde 2018, así como por una valorización de los bonos soberanos en los mercados internacionales. Según S&P, la decisión se sustentó en el ajuste fiscal, la acumulación de reservas y una mayor capacidad del país para afrontar y refinanciar sus compromisos financieros.
| La recalificación también reabrió las expectativas sobre un eventual retorno de Argentina a los mercados internacionales de crédito y sobre una ampliación del universo de inversores habilitados para adquirir deuda soberana y corporativa argentina. Analistas consultados por distintos medios señalaron que la mejora podría facilitar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y contribuir a una mayor compresión del riesgo país, aunque advirtieron que la evolución de las tasas internacionales, el contexto financiero global y la persistencia de incertidumbres políticas seguirán condicionando el ritmo de esa recuperación.
La mejora de los indicadores financieros coincide con los esfuerzos del Gobierno por proyectar una agenda orientada a la atracción de inversiones, la desregulación económica y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, esa agenda convive con controversias que han dificultado la capacidad oficial para sostener la iniciativa política y orientar el debate público hacia sus prioridades de gestión. Entre ellas se destaca el caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien reconoció públicamente haber omitido en sus declaraciones juradas —presentadas ya en ejercicio de la función pública— la existencia de ahorros no declarados por al menos 500 mil dólares, que atribuyó a su actividad privada previa al ingreso al Gobierno.
La admisión se produjo en el marco de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, iniciada meses antes de la confesión pública, ante inconsistencias detectadas en la evolución de su patrimonio. La repercusión del episodio fue señalada por el Financial Times como uno de los factores que más han condicionado la agenda gubernamental en los últimos meses. En este contexto, la mejora de los indicadores económicos aparece como un activo central para el oficialismo.
