La muerte de la activista polaca Monika Silva, ocurrida en la localidad costera de Montañita, provincia de Santa Elena, desencadenó una rápida reacción de la Unión Europea (UE) y de las autoridades diplomáticas polacas, que reclamaron una investigación exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias del caso. A estos pronunciamientos se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expresó su preocupación por el hecho y solicitó al Estado ecuatoriano una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, incluyendo la consideración de todas las hipótesis, entre ellas una posible vinculación con su labor de denunciante de presuntos actos de corrupción.
Radicada desde hacía años en Ecuador, Silva era una reconocida denunciante de presuntos hechos de corrupción vinculados al tráfico de tierras, contrataciones públicas y afectaciones ambientales en Santa Elena, además de exigir justicia por la muerte de un periodista comunitario que investigaba asuntos similares.
Desde la Fundación La Integridad, era una de las voces más activas en la denuncia de irregularidades en la provincia. La Delegación de la Unión Europea expresó su “profunda preocupación” por el caso e insistió en la necesidad de garantizar la protección de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas.
La reacción internacional adquirió especial relevancia luego de que el ministro del Interior, John Reimberg, sugiriera públicamente que las evidencias halladas en la vivienda de Silva apuntaban a un posible suicidio, aun cuando las investigaciones y pericias forenses continuaban en curso. Diversas organizaciones de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión cuestionaron la premura de esa valoración y reclamaron que no se descarte ninguna hipótesis. En ese sentido, Fundamedios cuestionó públicamente que se instalara la hipótesis de suicidio antes de la conclusión de las pericias y advirtió sobre la necesidad de investigar si existe alguna relación entre el fallecimiento y las denuncias que la activista venía realizando.
En medio de la creciente atención pública y diplomática, la Fiscalía General del Estado anunció la solicitud de cooperación internacional para incorporar peritos extranjeros a la investigación. La decisión fue presentada como una medida destinada a fortalecer la credibilidad y la independencia de las diligencias, en respuesta tanto a los reclamos de la UE como a los planteos de la representación diplomática polaca. Paralelamente, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos reclamaron una investigación exhaustiva del caso y exigieron mayores garantías de protección para activistas, periodistas y denunciantes de corrupción.
