El procesamiento de los sufragios correspondientes a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales expone un escenario de extrema paridad entre los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). El escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se ha caracterizado por variaciones dinámicas en las que Fujimori ha logrado posicionarse en el primer lugar por una diferencia de apenas cientos de votos gracias al respaldo de los peruanos residentes en el exterior, plaza clave que ha sostenido su tendencia a la remontada frente a Sánchez. En efecto, al cierre de este reporte, con el 98,26% de las actas contabilizadas, Fujimori cosecha el 50,004% de los votos, frente al 49,996% de Sanchez. Pero más allá del estrecho margen entre los competidores, este proceso se encuentra profundamente condicionado por el desapego ciudadano: las estadísticas oficiales revelan que más de 6 millones de peruanos optaron por no acudir a las urnas, consolidando un porcentaje de ausentismo electoral históricamente alto que se equipara a los niveles de inasistencia observados durante la crisis sanitaria de la pandemia desatada por el covid-19.
En este marco ambos partidos iniciaron una estrategia de impugnaciones en sede administrativa electoral para restar votos a su adversario. Por un lado, la representación legal de Fuerza Popular formalizó reclamos específicos dirigidos a buscar la anulación de 7 mil votos emitidos en comunidades rurales de la región Puno, una zona tradicionalmente hostil a su plataforma política. Por otro lado, la agrupación Juntos por el Perú desplegó una apuesta jurídica orientada a conseguir la nulidad de más de mil mesas de sufragio repartidas a nivel nacional. Sin embargo, este despliegue de nulidades ha empezado a encontrar barreras formales. El Jurado Electoral Especial (JEE) rechazó en última instancia un pedido formulado por el partido de Sánchez que pretendía invalidar una mesa de sufragio ubicada en los Estados Unidos.
Esto muestra que todavía queda un largo camino hasta conocer al nuevo presidente o presidenta del Perú, más aún porque el hecho de que la ONPE culmine el procesamiento de las actas al 100%, no faculta constitucionalmente la proclamación inmediata de un ganador. Existe un procedimiento normado para que los entes correspondientes convaliden los votos y certifiquen al vencedor de la contienda. En este marco, otro nudo clave para la definición final radica actualmente en un conjunto de más de 336 mil votos de actas observadas, las cuales se distribuyen de manera heterogénea entre las mesas del territorio nacional y las del exterior.
La dilación en el dictamen definitivo del proceso ha comenzado a generar tensiones en el interior del país, provocando reacciones organizadas de índole social. En la región de Puno, dirigentes del pueblo aymara impulsaron una convocatoria abierta a movilizaciones y medidas de fuerza cuyo propósito es desconocer una eventual presidencia de Keiko Fujimori en caso de confirmarse las tendencias a su favor. Frente a estos síntomas de rechazo territorial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha intervenido emitiendo una exhortación general orientada a mantener la calma pública y aguardar con responsabilidad los resultados oficiales finales. El organismo electoral recordó que, debido a la complejidad de las apelaciones y tachas contra las actas observadas, la emisión oficial de los resultados definitivos de la segunda vuelta tomará un lapso estimado de 30 días calendario.
