El lunes 15 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó revisar el caso en que el gobierno de Trump impugna una sentencia del Segundo Circuito de Apelaciones que obliga a otorgar audiencias de fianza a inmigrantes con condenas penales detenidos durante períodos prolongados en procesos de deportación. El tribunal de apelaciones había establecido en 2024 que la detención puede volverse “irrazonablemente prolongada”, lo que activaría el derecho del detenido a comparecer ante un juez; en esa instancia, el gobierno debe demostrar con prueba “clara y convincente” que el individuo representa un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad. El caso involucra a dos residentes permanentes con condenas por delito grave: uno detenido siete meses sin audiencia antes de su deportación a la República Dominicana; el otro, durante casi dos años, con destino a Jamaica.

La decisión podría tener implicancias de largo alcance sobre el sistema de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que bajo la administración Trump alcanzó niveles históricos. La ley federal, cuya lista de delitos que activan la detención obligatoria fue ampliada por la ley Laken Riley, aprobada en 2025, no contempla revisiones periódicas de la situación de libertad de los detenidos; si la Corte revierte el fallo apelado, el gobierno quedaría habilitado para mantener a miles de personas en custodia durante meses o años sin control judicial.  El lunes 15 de junio, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes, sostuvo que la Constitución protege a toda persona, con independencia de su estatus migratorio, de ser privada de libertad sin el debido proceso. Los argumentos orales se esperan para el período que comienza en octubre; existe además una complicación procesal: uno de los demandantes fue liberado mientras el recurso tramitaba, por lo que la Corte solicitó a las partes que evalúen si el caso perdió vigencia.