Pese a que el 14 de junio la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Sara Carter, destacó que la cooperación bilateral contra el narcotráfico alcanzó en el gobierno de Sheinbaum un nivel “que nunca habíamos visto” —aunque advirtió que Washington continuará apuntando contra funcionarios mexicanos sospechados de vínculos con los cárteles—, en los días siguientes la Casa Blanca incrementó la presión sobre el gobierno mexicano a través de declaraciones del presidente Donald Trump y del vicepresidente JD Vance.
En la Cumbre del G7 en Francia, Trump afirmó que los cárteles del narcotráfico gobiernan México y describió a la presidenta Claudia Sheinbaum como “una mujer muy asustada” frente al poder de esas organizaciones. La escalada se profundizó con declaraciones de Vance, quien en una entrevista con N+Univisión —de la que se difundieron fragmentos antes de su emisión completa— dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos emprenda acciones militares unilaterales en territorio mexicano si detecta un envío masivo de armas o fentanilo que represente una amenaza directa. Vance evitó comprometerse a respetar de manera absoluta la postura del gobierno mexicano de no permitir operaciones militares extranjeras en su territorio, aunque insistió en que la cooperación sigue siendo la vía preferida por Washington.
La presidenta Sheinbaum respondió al día siguiente en su conferencia matutina, donde llamó a no “engancharse” con cada declaración de Trump y afirmó que el mandatario estadounidense “no está bien informado” sobre la situación de seguridad en el país. La presidenta defendió los resultados de la estrategia de seguridad de su gobierno y pidió a Washington reforzar sus propias acciones contra el tráfico de armas hacia territorio mexicano. Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, calificó los planteos de Vance sobre una eventual intervención militar como “un despropósito mundial” y sostuvo que cualquier estrategia conjunta contra el crimen organizado debe enmarcarse en acuerdos bilaterales y no en amenazas de intervención externa.
