El 15 de junio, a partir de la publicación de una investigación periodística, la Fiscalía Nacional de Chile abrió una investigación de oficio “para analizar la posible comisión de delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana a territorio nacional”. De acuerdo a la información difundida por un medio de comunicación —que menciona un informe reservado de la Contraloría General de la República—, al menos 200 menores de nacionalidad haitiana arribaron a Chile durante 2025 en vuelos chárter, supuestamente con el objetivo de reunificación familiar. La preocupación tiene que ver con la ausencia de controles migratorios: los primeros indicios apuntan a documentación insuficiente y a la falta de acompañamiento de adultos responsables. Por otro lado, en varios casos existió un mismo adulto como acompañante de “múltiples menores, en distintos vuelos, sin que se verificara de forma rigurosa el vínculo familiar o legal con ellos”.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, se reunió el 17 de junio con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia. Tras el encuentro, Sauerbaum confirmó que se desconoce el paradero de al menos 64 menores; y estimó que podría ser un número mayor.
El tema ya motivó diferentes reuniones de alto nivel. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, convocó a una reunión de emergencia el 17 de junio. En ella participaron también el canciller Francisco Pérez Mackenna, el ministro de Defensa, Fernando Barros; la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf; el ministro de Seguridad, Martín Arrau; el director general de la PDI, Eduardo Cerna; y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, entre otras autoridades. Allí se decidió la creación de una “fuerza de tarea interministerial”.
Al día siguiente el propio presidente José Antonio Kast convocó a una reunión extraordinaria en el Palacio de La Moneda. Según información de Prensa Presidencial, en el encuentro participaron autoridades de los diferentes poderes del Estado, entre ellas las presidentas de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y del Senado, Paulina Núñez; el fiscal nacional Ángel Valencia, y los ministros del Interior, Claudio Alvarado; de Defensa Nacional, Fernando Barros; de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; de Seguridad Pública, Martín Arraú; de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf; y de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.
Al cierre de esta edición, las autoridades todavía no habían brindado un informe sobre el paradero y la situación de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron al país; y el tema continúa escalando. En este contexto, UNICEF emitió una declaración oficial en la que solicita a las instituciones del Estado chileno “la máxima celeridad”. En el comunicado, la organización de las Naciones Unidas para las infancias sostiene que “es necesario saber con urgencia dónde están esos niños, niñas y adolescentes, quiénes estuvieron involucrados en el proceso y conocer los mecanismos de búsqueda que están llevando a cabo las instituciones del Estado”.
