El lunes 29 de junio, la Corte de Apelaciones de Alberta autorizó a Elections Alberta a reanudar la verificación de las firmas reunidas por el grupo separatista Stay Free Alberta para exigir un referéndum vinculante sobre la independencia de la provincia. La jueza Alice Woolley concedió una suspensión parcial de un fallo previo —dictado el miércoles 13 de mayo por la jueza Shaina Leonard— que había anulado el proceso al considerar que el gobierno provincial no había cumplido con su deber de consulta a las Primeras Naciones, cuyos derechos derivados de tratados históricos podrían verse afectados por una eventual separación.

La decisión de Woolley permite que el funcionario electoral a cargo reanude el conteo y la verificación de las firmas y comunique los resultados públicamente, pero no autoriza que esos resultados sean remitidos a la ministra de Justicia ni al vicegobernador, paso que en definitiva podría desencadenar un referéndum constitucional vinculante. La jueza fundamentó la urgencia de retomar la verificación en el riesgo de deterioro de las planillas y en que los firmantes pueden mudarse o fallecer, lo que erosionaría la confianza en la integridad del proceso.

El fallo se produce en medio de un proceso ya judicializado y politizado: Stay Free Alberta afirma haber reunido más de 300 mil firmas, muy por encima del umbral requerido, mientras que la petición rival “Forever Canadian”, contraria a la separación, superó las 400 mil. La premier Danielle Smith había calificado de antidemocrático el fallo original de mayo, y ya había anunciado que el referéndum provincial del 19 de octubre incluirá, de todos modos, una pregunta sobre si los albertenses desean en el futuro someter a votación vinculante la salida de la provincia de Canadá.

La resolución no define aún el resultado de la disputa constitucional de fondo —que sigue en apelación— pero reactiva un proceso que había quedado en suspenso, y mantiene con vida la posibilidad de que, dependiendo del desenlace judicial, el resultado del recuento de firmas alimente una eventual convocatoria a un referéndum vinculante. Las Primeras Naciones que impulsaron la impugnación original, como la Nación Athabasca Chipewyan, expresaron que continuarán litigando para que el fallo de mayo no sea revertido.