El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a unas 10 mil personas en un período de cinco días, entre el viernes 26 y el martes 30 de junio de 2026, lo que equivale a cerca de dos mil detenciones diarias. La cifra —obtenida de datos suministrados al Deportation Data Project de UC Berkeley y no divulgados públicamente por la agencia— marca una aceleración notable frente a meses previos: diciembre había sido hasta entonces el mes con más arrestos desde el regreso de Trump al poder, con un promedio de mil 283 detenciones diarias, mientras que en enero, durante el operativo desplegado en Minneapolis, el promedio fue de mil 212. El aumento coincide con un salto en el sistema de detención: la cantidad de personas ingresadas a centros de ICE trepó en junio a alrededor de 39 mil, tras mantenerse cerca de las 30 mil mensuales desde febrero.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la escalada como parte del cumplimiento de la promesa de deportar a personas con antecedentes penales. En un comunicado, la agencia sostuvo: “Desde el primer día, las fuerzas del orden del DHS han venido cumpliendo la promesa del presidente Trump de arrestar y deportar a extranjeros ilegales con antecedentes penales, incluidos asesinos, violadores, pedófilos, pandilleros y terroristas”. Sin embargo, no está claro cuál es el historial penal específico de los detenidos en esta última oleada de arrestos, en momentos en que la agencia habría dejado atrás los operativos de alto perfil en ciudades puntuales para adoptar un enfoque más silencioso pero sostenido.

El avance operativo quedó tensionado el jueves 2 de julio por un fallo judicial adverso. Un panel dividido (2-1) del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, resolvió que el gobierno no puede mantener detenidos a inmigrantes por más de 90 días sin ofrecerles una audiencia de fianza. En la opinión mayoritaria, el juez Leslie Southwick escribió: “Es parte de la histórica majestad de esta carta fundacional de larga data que no hace excepciones al otorgar derechos básicos a quienes están dentro de nuestras fronteras, incluido el derecho a ser escuchado cuando se les priva de la libertad personal”. El fallo, que surgió del caso de tres hombres —dos mexicanos y un hondureño, todos con más de una década de residencia, sin antecedentes penales y con hijos ciudadanos estadounidenses— detenidos tras controles de tránsito en Texas, podría afectar a miles de personas bajo custodia de ICE en Texas, Luisiana y Misisipi, y profundiza una división entre circuitos federales que aumenta la probabilidad de que la Corte Suprema termine resolviendo el alcance constitucional de la política.