El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó esta semana el nivel de coordinación entre ambos gobiernos en materia de combate al crimen organizado, luego de que Washington sancionara a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas con una red de contrabando de combustibles operada por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En un mensaje difundido el 30 de junio, el diplomático afirmó que la medida reafirma el compromiso asumido por los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum para combatir el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el robo de combustible y otras actividades delictivas, al tiempo que el gobierno mexicano procedió al bloqueo de las cuentas bancarias de los sancionados.

Las sanciones fueron anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el marco de la estrategia de la administración Trump para intensificar la presión financiera sobre organizaciones criminales designadas como terroristas. Según Washington, la red operaba mediante empresas fachada y documentación aduanera falsa para introducir ilegalmente combustibles desde Estados Unidos hacia México, generando ingresos millonarios para el CJNG.

El escenario de cooperación bilateral quedó, sin embargo, atravesado por una nueva controversia política tras la publicación de un reportaje del New York Times que afirmó, con base en fuentes anónimas, que al menos una docena de funcionarios y gobernadores mexicanos —en su mayoría pertenecientes a Morena— colaboran de manera reservada con agencias estadounidenses para anticiparse a eventuales investigaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente esas versiones, cuestionó que las acusaciones se sustentaran exclusivamente en fuentes anónimas y exigió la presentación de pruebas. La mandataria sostuvo además que algunos de los funcionarios mencionados, entre ellos el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, desmintieron formalmente las afirmaciones del diario estadounidense.