El llamado del senador Iván Cepeda a la desobediencia civil pacífica contra el presidente electo Abelardo de la Espriella ha desatado una aguda polémica en Colombia, a pocas semanas de la transición de mando. Cepeda condiciona el reconocimiento del nuevo mandatario a que este renuncie a su nacionalidad estadounidense y aclare posibles vínculos con agencias de inteligencia, argumentando que de no hacerlo, su posesión sería un acto ilegal que compromete la soberanía nacional. Esta postura fue respaldada de manera inmediata y unánime por el Pacto Histórico, que declaró oficialmente su desobediencia al próximo gobierno, citando vacíos constitucionales por la doble nacionalidad y alertas de congresistas de EE. UU. sobre las finanzas de De la Espriella.

El rechazo al llamado no se ha hecho esperar desde el gobierno entrante y la institucionalidad. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, calificó la declaración como una “pataleta de ahogado” que desdice su condición de demócrata, mientras que el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el presidente del Senado, Lidio García, subrayaron que el mandato de las urnas debe ser respetado sin condiciones. La controversia también ha generado fisuras en el interior de la izquierda, donde algunos sectores ven el llamado como una herramienta legítima de presión, pero otros advierten sobre la confusión que puede generar y el riesgo de debilitar la unidad de la oposición. Así, el debate ha trascendido a una discusión sobre el respeto a la voluntad popular, evidenciando un escenario de profunda fractura política que marcará el inicio del mandato de De la Espriella, con un sector importante declarado en rebeldía civil incluso antes de su posesión.