El jueves 9 de julio el presidente Donald Trump removió a los últimos integrantes de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC), a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre. Dos comisionados demócratas fueron despedidos mediante una comunicación de la Casa Blanca y el único miembro republicano que permanecía en funciones presentó su renuncia. La decisión dejó vacante la conducción de un organismo federal independiente y bipartidista creado por el Congreso en 2002. La EAC no organiza directamente las elecciones —una función que corresponde principalmente a los estados y gobiernos locales—, pero certifica sistemas de votación, acredita laboratorios, distribuye fondos federales y mantiene el formulario nacional de inscripción electoral por correo.
La Casa Blanca justificó las remociones señalando que el presidente puede reemplazar a funcionarios que no acompañen sus prioridades de seguridad electoral y se apoyó en un reciente fallo de la Corte Suprema que amplió la capacidad presidencial para destituir integrantes de agencias independientes. Sin embargo, la ley que creó la EAC establece una estructura de cuatro miembros, dividida equitativamente entre los dos grandes partidos, cuyas designaciones requieren confirmación del Senado. Trump puede proponer reemplazantes, pero todavía no se informó cuándo lo hará ni cómo funcionará el organismo mientras todos los cargos permanezcan vacantes.
La medida se inscribe en una estrategia más amplia de la administración para aumentar la intervención federal en las reglas electorales. Una orden ejecutiva firmada en marzo dispuso elaborar listados federales de ciudadanos para compartir con los estados, promover nuevos mecanismos de verificación y modificar los procedimientos aplicables a las boletas enviadas por correo. La administración sostiene que estas iniciativas buscan impedir el voto de personas no habilitadas; sus críticos consideran que trasladan facultades que tradicionalmente corresponden a los estados hacia el Poder Ejecutivo y podrían dificultar el registro o la emisión del voto. La salida de todos los comisionados incrementa así la disputa institucional sobre quién controla las normas y los recursos que respaldarán las elecciones de noviembre.
