El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el lunes 6 de julio el programa financiero del Gobierno para 2026 y 2027, en un intento por despejar las dudas de los mercados frente a los vencimientos de deuda que enfrenta el país, calculados en 19 mil 200 millones de dólares para este año y 24 mil 900 millones para el próximo, entre capital e intereses con el FMI y otros organismos multilaterales. El funcionario, que encabezó la rueda de prensa junto al secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró que el equipo económico prevé cerrar 2026 con un excedente de financiamiento de tres mil 700 millones de dólares, que quedaría disponible para 2027 y permitiría afrontar en mejores condiciones el año en que Argentina celebrará elecciones presidenciales. “No va a haber ningún problema en los refinanciamientos de 2026 y 2027”, sostuvo Caputo.
Según detalló el ministro, las fuentes de financiamiento combinan emisiones en el mercado local, préstamos de organismos multilaterales y el ingreso proveniente de privatizaciones, que el Gobierno estima en al menos 800 millones de dólares para 2026 y mil 500 millones para 2027. En ese marco, ya se concretó el traspaso a manos privadas de la empresa de transmisión eléctrica Transener, y el funcionario anticipó que este año se avanzaría con la venta de la compañía de agua y saneamiento Aysa y de las centrales termoeléctricas Belgrano y San Martín. Caputo remarcó además que, pese a que el país tiene la opción de volver a los mercados internacionales de deuda —de los que está excluido desde 2018—, el Gobierno no planea hacerlo por el momento, ya que las tasas ofrecidas (en torno al 12,5% anual) resultan significativamente más altas que las que maneja a través de otras fuentes.
Un elemento distintivo de la presentación fue el horizonte temporal fijado por el ministro, que trascendió el corto plazo para proyectar el diseño de la política económica hasta 2031, año en que culminaría un eventual segundo mandato de Javier Milei. Caputo afirmó que el objetivo del equipo económico es que, para ese entonces, Argentina recupere la calificación de “grado de inversión” —perdida durante la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023) por los controles cambiarios y las restricciones de capitales— y señaló que ya mantuvieron conversaciones con las principales calificadoras de riesgo internacionales sobre las métricas necesarias para alcanzarla. El planteo se produce en un contexto de fuerte presión política sobre el Gobierno, marcado por escándalos de corrupción y tensiones internas, frente a lo cual el ministro busca sostener la centralidad de los indicadores económicos como principal activo de cara a la campaña electoral de 2027.
