El sábado 4 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente a Keiko Fujimori presidenta electa del Perú. Apenas terminó el acto, Fujimori creó la Oficina de la Presidenta Electa y designó a Marco Vinelli como jefe del equipo de transferencia y a Miguel Torres —segundo vicepresidente y senador más votado del país— como parte del núcleo conductor del proceso. El mensaje fue deliberado: la campaña había terminado y el gobierno empezaba antes del 28 de julio. “No vamos a esperar un minuto más, porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones”, dijo Fujimori.
La construcción del poder legislativo fue el capítulo clave de la semana. Fuerza Popular cedió la Cámara de Diputados a Renovación Popular —con Norma Yarrow como figura probable para la presidencia— mientras Fuerza Popular retendría la conducción del Senado, con Miguel Ángel Torres como candidato principal. El acuerdo expone la aritmética del nuevo Congreso en tanto Fuerza Popular tiene 41 diputados y 22 senadores, mientras que Renovación Popular cuenta con 15 diputados y 8 senadores. Con 56 votos en Diputados y 29 en el Senado, la coalición no alcanza la mayoría simple en ninguna cámara sin apoyo adicional, lo que convierte a las bancadas de centro en un recurso necesario para la gobernabilidad desde el primer día. En este marco, López Aliaga anunció una alianza de cuatro partidos para afianzar esa base y enfrentar la oposición parlamentaria de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación, aunque los términos de la coalición aún no fueron detallados.
En términos de lineamientos de gobierno, Fujimori planteó copiar la estrategia de seguridad del presidente ecuatoriano Daniel Noboa como modelo para la política criminal del nuevo gobierno, una referencia que generó controversia por los cuestionamientos que ese modelo ha recibido en materia de derechos humanos y represión a la protesta social. De esta forma, mientras trata de blindarse ante el Legislativo y construir una mayoría que le permita avanzar con reformas clave, Fujimori muestra su intención de construir un modelo represivo de contención social.
